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Operación 'Bernesga'

Los cabecillas de la operación 'Bernesga' se delataron en sus conversaciones telefónicas

Un abogado, Carlos Hernández Fierro, y un funcionario de los Juzgados, Francisco Javier González Fuertes, son los principales acusados de una trama que pudo defraudar cinco millones de euros.

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A. Vega | 17/03/2013 - 09:52h.

Las sospechas de la Policía Judicial de León llevaron a intervenir los teléfonos del presunto cabecilla de la trama, el joven abogado Carlos Hernández Fierro (31 años y colegiado desde el 2008), y otros que desvelaron indicios racionales de que existía una trama para simular accidentes de circulación y defraudar a las aseguradoras. El alto tren de vida y el elevado número de casos de accidentes que tramitaba el joven bufete dieron a lugar a las investigaciones policiales.

Según la Policía Judicial la trama captaba a las personas que tenían que participar en los accidentes, elegían a los traumatólogos y fisioterapeutas que tenían que ver a los presuntos lesionados y elaboraban los informes con los días de sanidad y rehabilitación que no se realizaban. La trama designaba a los abogados de los vehículos implicados y luego negociaban con las aseguradoras en connivencia.

El bufete de Carlos Hernández Fierro fue uno de los lugares registrados.

La investigación acusa al funcionario del juzgado, Francisco Javier González Fuertes, trabajador del número 5 de Instrucción de León, de colaborar con la trama llevando los expedientes a su juzgado, "llegando a registrarlos con la fecha que más les conviene" y haciendo modificaciones a su interés. Según se desvela el funcionario acusado llegó a hurtar un sello del Registro de los Juzgados y por su trabajo recibía una remuneración, llegando a requerir a Carlos Hernández Fierro la liquidación de su parte en una de las conversaciones interceptadas. A Francisco Javier González Fuertes también se le acusa de participar en la simulación de los accidentes, al involucrar en los mismos a miembros de su familia.

La UDEV estima que sus operaciones pudieron comenzar en 2009

Una vez finalizado el expediente y contando con el informe forense la trama obtenía importante sumas de dinero correspondientes a las indemnizaciones de los lesionados. Para ello abrían una cuenta bancaria a nombre del bufete implicado, que se investiga si se declaraban a Hacienda. En total se abrieron sólo durante el año 2012 más de 160 cuentas bancarias de este tipo.

El dinero defraudado se obtenía presuntamente pagando la trama una cantidad de dinero sacada de la indemnización y gastos de los accidentes a los supuestos implicados, y quedándose el grueso de los fondos pagados por las aseguradoras.

Necesidad de "centrifugar" el dinero defraudado

Entre las llamadas telefónicas interceptadas el principal acusado Carlos Hernández Fierro habría llegado a afirmar, según la investigación, que ha llegado a defraudar a Hacienda cerca de dos millones de euros. Por ello habría comprado un chalet por valor de 500.000 euros -ubicado en la zona final de Eras de Renueva- afirmando que lo quería dar todo en "dinero B" porque "lo que necesita es centrifugar".

Sospechas de ser descubiertos

 

En una de las escuchas dos de los acusados manifiestan sus sospechas sobre que se pudiera conocer su proceder y estar sometidos a investigación y comentan entre ellos la necesidad de cambiar de sitio los expedientes "por si hay una inspección". Además los encausados estaban planeando una posible expansión a Asturias de la trama, quizás por la sospecha de estar siendo investigados.

Registros

Los lugares registrados por la Policía fueron el domicilio particular de Carlos Hernández Fierro; la sede de su despacho de abogados; el domicilio del funcionario del juzgado Francisco Javier González Fuertes; así como el domicilio de los padres de Carlos Hernández Fierro.

Entre los detenidos se encuentra la esposa de Carlos Hernández Fierro, policía nacional en excedencia, aunque no lo ha sido por su condición. Ha sido puesta el libertad al estar embarazada.

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