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Minería

Victorino Alonso no tiene responsabilidad penal en el caso del carbón desaparecido

El juzgado rechaza el recurso de Hunosa al archivo de la querella penal que la minera pública había presentado contra Victorino Alonso por el caso de las 500.000 toneladas de carbón desaparecidas. Se pone así fin a la vía penal aunque se deja abierta la civil.

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Carlos S. Campillo / ICAL. Victorino Alonso en una manifestación minera en Madrid en 2012.
ileon.com | 05/03/2014 - 19:02h.

El juez ha desestimado el recurso de la empresa minera pública Hulleras del Norte (Hunosa) al archivo de la querella penal interpuesta por esa empresa contra los administradores únicos de Unión Minera del Norte S.A. (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC) y contra su apoderado general, Victorino Alonso, por la desaparición de medio millón de toneladas de carbón de los almacenamientos temporales.

En un auto conocido este miércoles el juez mantiene sus argumentos iniciales al considerar, al igual que el fiscal, que se trata de un "asunto civil" originado por una "discrepancia" en la interpretación de los contratos suscritos entre ambas compañías mineras y Hunosa para la adquisición de carbón con destino al Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC). Por ello desestima la vía penal para este caso, aunque confirma que se puede seguir en la civil si así lo estima la parte demandante.

Para el juez Hunosa no ha logrado acreditar los hechos denunciados "y ello por cuanto de las pruebas practicadas no se desprende la comisión de hechos penalmente relevantes, que puedan dar lugar a responsabilidad penal, sin perjuicio, como ya señalamos de acudir a la vía civil". Según el juez no se probado que exista déficit de carbón almacenado "y que ello fuera penalmente relevante". No obstante se apunta a que se podría analizar si el carbón existente sirve para quemar térmicamente o no, tema que el juez plantea que se debiera dilucidar en la vía civil.

Hunosa, al denunciar la desaparición de las 500.000 toneladas de carbón, retuvo facturas a las empresas del grupo Alonso no descartando las empresas querelladas reclamar a la sociedad pública minera una indemnización al considerar que agravó sus problemas financieros y provocó un "estado de opinión" adecuado para impedir recibir subvenciones.

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