“Es inmoral que presionen y metan miedo a los parados... y más cuando tienen minusvalías”
Una mujer leonesa en situación de dependencia, apuntada al paro desde hace poco más de dos años, recibió esta misma semana una “indignante” llamada. Al otro lado del teléfono móvil, sin saber muy bien de qué manera lo habían obtenido, se identificaron como trabajadores de “una agencia de colaboración con el Servicio Público de Empleo” informando de la obligatoriedad de acudir en menos de 24 horas a una reunión personal con esta compañía para recibir supuesta formación de inserción laboral. Y de paso transmitir “con amenazas más o menos veladas e incluso con chulería” que de no acudir estaba en juego la antigüedad de esta desempleada, lo que podría tener un efecto muy negativo en futuras prestaciones.
Se trata de una situación real que ha conocido iLeon.com tras publicar su investigación sobre la privatización por parte de la Junta de Castilla y León de buena parte de las labores que le corresponden a la entidad pública Empleo Castilla y León (ECyL, antiguo Inem) y que en toda la Comunidad autótoma supone el desembolso de dinero público de 3,3 millones de euros para que en seis meses una serie de fundaciones y empresas privadas realicen labores de “atención, orientación, formación e inserción laboral”.
“Mi hija tiene una minusvalía y esto nos ha hecho polvo”, admite la madre de la afectada, mitad “alucinada” y mitad “indignada”. “Te llaman a bocajarro, no sabes con qué empresa estás hablando, no sabes de dónde han sacado tus datos, y responden a tus lógicas dudas con malas formas”, resume esta mujer, quien considera “inmoral que presionen y metan miedo de esta manera a los que ya tienen la desgracia de estar parados... y más cuando tienen minusvalías, es como si jugaran con nosotros”.
Esta familia, al menos, conocía la privatización encubierta firmada en marzo por el consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, gracias a la publicación hecha por este medio desde el pasado lunes. Y gracias a ello, cuando recibieron la llamada “ya habíamos leído cómo se las gastaban, que no se dignan ni a mandar una triste carta certificada, que disponen de todos tus datos, que incluso te convocan a reuniones en gasolineras y sitios muy extraños, todo ello con presión de por medio por si al no hacerles caso encima pierdes algún derecho”.
“Pagamos dos veces para encima recibir chulería y miedo”
La joven discapacitada leonesa no acudió a la cita, que tenía que haber tenido lugar en menos de 24 horas en el Centro de Idiomas de la Universidad de León. Se la jugó. Su familia desconoce el efecto que su desconfianza por las formas empleadas le podría acarrear. Pero tienen claro que esta externalización es “demencial”. “Porque a ver, que yo sepa lo que ofrecen es algo que llevan haciendo años los excelentes profesionales públicos del Inem, ECyL o como se llame ahora, son gente preparada, amable, con experiencia, que tuvo que pasar una oposición, así que que nos expliquen por qué se inventan ahora lo de las agencias de colaboración, si no es para dar dinero que es de todos a unas determinadas empresas”, razona esta madre.
Y va más allá: “Si la Junta se gastan en privatizar lo que ya existe 3,3 millones de euros, resulta que los ciudadanos estamos pagando dos veces, una a los funcionarios y otra a esas compañías, para recibir a cambio chulería y miedo”. Algo que en el caso de su hija “nos enfada aún más, porque ella no puede realizar muchos trabajos pero mientras se dilapida así el dinero público con los desempleados como ella, además las ayudas que recibía por su dependencia se han recortado infinitamente hasta casi desaparecer”. Un caso sangrante de los muchos que está situación está provocando mientras crece exponencialmente el número de quejas y nadie da una explicación oficial.
