La Diputación exigirá a la Junta “contraprestaciones a la provincia” si quiere seguir de 'okupa' en Santa Nonia
La maniobra del consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, el leonés Fernando Rey, de responsabilizar de la actual situación del Conservatorio a la Diputación de León -propietaria del actual edificio de Santa Nonia-, como ocurrió ayer en el Pleno de las Cortes autonómicas, ha colmado unas gotas el vaso de la paciencia de su presidente, el también popular Juan Martínez Majo, quien hoy ha asegurado que “el nivel de exigencia” hacia la Junta “lo voy a elevar bastante, porque si ahora la Junta quiere seguir usando el edificio tiene que poner contraprestaciones hacia los alumnos de la provincia y la provincia en su conjunto”.
Majo recordó que desde junio del pasado año, la administración autonomica está poco menos que de 'okupa' en el inmueble de Santa Nonia. Porque en esa fecha expiró el contrato de cesión que nació en 2007 cuando la Junta se hizo cargo de la competencia de las enseñanzas musicales y que desde 2001 permitió a Educación continuar usándolo a cambio del pago de 300.000 anuales. Una cantidad que al culminar la vigencia de ese acuerdo, hace casi un año, la Junta ya ni siquiera está pagando. “Hoy están en precario, sin contrato ni nada por el estilo”, espetó el presidente, incidiendo en que “no nos hemos planteado echar a nadi de allí pero tenemos derecho a una contraprestación”.
Más allá aún en su contundente respuesta al consejero leonés, Juan Martínez Majo quiso recordar que la Junta ha dispuesto de la friolera de nueve años para haber solucionado este problema de la sede del Conservatorio. Y de una manera clara incidió en que en esos nueve años, desde 2007, nada ha hecho la Junta por León. En sus palabras: “Hay unos 7 u 8 conservatorios construidos en los últimos años, entre ellos Ponferrada, Ávila, Soria creo que fue el último, Valladolid... Ahora también nos toca... y esto arranca de 2007, han pasado unos añitos”.
Majo quiso dejar la responsabilidad exactamente donde está: en el terreno de la Junta. “El consejero me transmitió que si tenía que pagar prefería otra alternativa y yo encantado, partindo de la base de que el edificio actual no era idóneo y se irían a otro mucho mejor, perfecto”. Por eso, desveló que cuando la Junta abogó por el polémico proyecto del traslado al Ifycel, anexo al campo de fútbol de la ciudad, la oferta de la Diputación fue que durante los dos o tres años en que se realizarán las inversiones “haríamos una cesión en precario, pero vinculado” a las mencionadas contraprestaciones.
Estas contraprestaciones pasarían por que la Junta acometiera el “arreglo de colegios rurales y otras prestaciones a favor de la provincia de León”, porque recordó que la Diputación está para “representar a 208 municipios de León, a 256.000 habitantes” y “lo único que nos va a mover es la defensa de sus intereses”.
