El FROB pide a la justicia que investigue operaciones irregulares millonarias en Caja España y Caja Duero
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), ha acordado enviar a la Fiscalía nueve operaciones financieras de las entidades 'rescatadas' Caja España y Caja Duero, correspondientes a un periodo anterior a 2010, por presuntas irregularidades. Según sus informes, estima que los “perjuicios” económicos ocasionados por estas decisiones ascienden a unos 120 millones de euros, según un comunicado oficial del Frob.
Asimismo, este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, explica que su comisión rectora acordó el pasado 14 de marzo “el envío a la Fiscalía de nueve operaciones irregulares, anteriores a 2010, correspondientes a las antiguas Caja España y Caja Duero”. “Según los informes, se estima que los perjuicios económicos ocasionados por dichas operaciones ascienden a unos 120 millones de euros”, añade el Frob.
En ese sentido, el Fondo explica que se trata de “operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías y, en general, operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para las entidades y presentan indicios de irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica”.
Por último, el Frob indica que esta decisión se sustenta en informes “forensics”, considerados de de control interno. Se trata de una actuación que el Frob ha aplicado en la gran mayoría de las entidades que han recibido ayudas.
Las antiguas Caja España y Caja Duero se fusionaron en el año 2010 para salvar la crisis económica y financiera, aunque el banco necesitó un rescate millonario del FROB 1 por 604 millones de euros, que al no devolver acabó en manos del Fondo. En 2014 los restos de la entidad financiera acabaron como filial de la entidad malagueña Unicaja.
Sigue la investigación por los créditos al expresidente Santos Llamas
Este viernes vuelve al juzgado la investigación por los créditos concedidos al expresidente de Caja España y Caja España-Duero, Santos Llamas, y por la que se imputa al antiguo consejo de la entidad financiera.
Tras la desestimación de varios recursos declararán dos peritos del Banco de España que elaboraron un informe sobre la concesión de estos créditos, que podrían haber significado un presunto delito de administración desleal. Los 14 consejeros entonces de la entidad podrían ser llamados nuevamente a declarar, tras haberse anulado en el año 2015, y entre ellos se encuentran el número 3 del PP, Fernando Martínez Maíllo, o el concejal del PP Javier García Prieto o el exalcalde de León del PSOE, Francisco Fernández.
