Victorino Alonso elude el ingreso en prisión hasta que el Constitucional resuelva su recurso
El empresario minero Victorino Alonso –condenado por la Audiencia Provincial de Huesca a dos años de cárcel y a pagar 25,5 millones de euros de multa por destruir el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves– no ingresará en prisión hasta que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso de amparo, según han informado medios aragoneses como El Heraldo.
A mediados de febrero el juzgade de Huesca que le condenó en primera instancia había fijado un plazo de 15 días para el abono de la multa, que debe pagar junto a la empresa Fimbas que gestionaba la finca donde se ubicaba el yacimiento neolítico destrozado. De momento el empresario minero no ha consignado los fondos de pago de la multa.
Alonso fue juzgado en septiembre de 2016 por unos hechos descubiertos a principios de 2009, cuando personal de Museo Arqueológico Provincial de Huesca visitaron el yacimiento neolítico, donde desde hacía 30 años se llevaban a cabo excavaciones de forma intermitente, y descubren que ha sido destruído. La cueva se ubica en una finca cinegética administrada por una empresa vinculada a Victorino Alonso, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, y las obras de vallado de la finca serían las responsables de la destrucción de los restos.
En las sentencias se consideraba acreditado que la empresa que gestionaba el coto, Fimbas S.A., conocía la existencia del yacimiento arqueológico y de su importancia y que el propio Victorino Alonso sabía de “primera mano” que debía solicitar permisos para actuar en él. Sólo la dilación del proceso logró que se rebajara la condena de prisión en medio año menos que la inicial.
El resultado fue la destrucción de casi la totalidad de los niveles arqueológicos de la cronología neolítica de la Cueva de Chaves. Aunque en primera instancia se cifraron los daños en 50,9 millones de euros, la multa se rebajó finalmente a la mitad. Este yacimiento era considerado uno de los dos más importantes de la península ibérica, junto a la cueva de Or en Valencia.
Además de esta millonaria multa por cargarse el patrimonio prehistórico las empresas vinculadas a Victorino Alonso deben pagar todavía la condena por la desaparición de medio millón de toneladas de carbón de la pública Hunosa del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón entre agosto de 2009 y mayo de 2010. Uminsa fue condenada a pagar 36,4 millones de euros y Coto Minero Cantábrico, en liquidación, fue condenada por el mismo concepto a abonar 18,6 millones de euros.
