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OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN ENREDADERA

La operación 'Enredadera' en Astorga investiga el contrato de basuras y los gastos del alcalde Arsenio García

La pieza separada de la operación 'Enredadera' centra el foco de sus investigaciones sobre presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de Astorga en las sociedades de Ángel Luis García Martín 'El Patatero', pero también en el contrato de las basuras de la ciudad maragata o los gastos del regidor Arsenio García. También se llevó la documentación de los contratos vinculados a empresas de los históricos constructores Sindo Castro y Victorino González.

Operación Enredadera de Astorga
Equipo de Gobierno de Astorga (PP-PAL). En el centro el alcalde Arsenio García y el concejal Pablo Peyuca González.
A. Vega/M.A. Reinares | 19/07/2018 - 09:00h.

La operación 'Enredadera', con tres piezas separadas en investigación en León, Badalona y Astorga con una veintena de leoneses implicados, sigue su curso judicial después del ingreso en prisión de cuatro de los detenidos en el marco de la acción policial, entre ellos los empresarios José Luis Ulibarri y Ángel Luis García Martín 'El Patatero'.

La pieza separada que se instruye, de momento bajo secreto de sumario, en el Juzgado Número 2 de Astorga aborda asuntos en el consistorio maragato y el ayuntamiento de Villarejo de Órbigo. Hasta el momento, que se sepa, hay cinco imputados, todos ellos políticos que fueron detenidos al inicio de la operación y quedaron en libertad con cargos. Son el alcalde de Astorga, Arsenio García (PP), el teniente alcalde, Pablo Peyuca (PAL), el concejal de Urbanismo, Manuel Ortiz (PP), el edil de Deportes, Javier Guzmán (PP) y el alcalde de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas (PSOE).

Pese a encontrarse casi medio equipo de Gobierno de la ciudad imputado, el alcalde y sus concejales han asegurado que no van a dimitir en una rueda de prensa en la que reiteraron su inocencian. Lo que no hicieron fue dar detalles sobre el registro del consistorio astorgano pero los políticos imputados sí aprovecharon la atención mediática para vender sus últimos proyectos de la legistura, básicamente varias obras.

En el auto de orden de registro, al que han tenido acceso ILEÓN y Astorga Redacción, se detalla que además investigar los contratos del consistorio maragato con las empresas de 'El Patatero', -Grupo Agema, Utebo, Arco Capital y Anento  (alguna compartida con Ulibarri)- se entreguen todos los expedientes de contratos negociados sin publicidad o de obra de otras empresas vinculadas a los grandes nombres constructores de la ciudad y comarca.

Dos de ellas son Hormigones Sindo Castro y Construcciones Sindo Castro, vinculadas al dirigente del PP en la comarca y alcalde de Santiago Millas, Sindo Castro. Se trata de uno de los más prominentes empresarios del entorno de Astorga, y hasta hace bien poco y durante casi dos décadas presidente comarcal del Partido Popular, puesto del que fue descabalgado en diciembre de 2017.

Su nombre saltó a la fama más allá de las fronteras locales hace años tras sufrir varios sabotajes en instalaciones de sus empresas, por las que se juzgó al fallecido constructor José Martínez Núñez. En una brevísima conversación telefónica con este periódico Sindo Castro se ha negado a contestar cualquier tipo de pregunta sobre este asunto con un "no tengo nada que decir" (sobre Enredadera).

Además en el registro se han llevado también los contratos en los qua haya podido participar la sociedad Promotora Maragata SL, una empresa vinculada al también consctructor Victorino González, expresidente de la Cámara de Comercio local y de la entidad financiera Caja España y principal promotor inmobiliario de la zona.

Esta sociedad fue 'engordada' en el año 2010 merced a una escisión de activos de Constructora Cepedana y Victorino González fue su administrador hasta el año 2015. Actualmente como apoderados y administradores figuran otros ejecutivos que comparten poderes en empresas también vinculadas a González. El constructor fue presidente de Caja España entre 2004 y 2006 y recientemente se autoatribuyó la "paz" en la entidad durante su mandado en su comparencia en la comisión de investigación de las cajas de ahorro en las Cortes de Castilla y León. Este periódico ha intentado contactar con la empresa en sus teléfonos públicos pero ha sido imposible obtener respuesta.

Los constructores Sindo Castro (i) y Victorino González (d).
Los constructores Sindo Castro (i) y Victorino González (d).

El contrato de residuos, también en la investigación

Una de las mayores polémicas de Astorga en los últimos años, el contrato de la basura, actualmente caducado desde 2012 pero en prórroga bajo dudas legales y sin salir a concurso o municipalizarse de forma real, también está bajo el foco de la investigación 'Enredadera'.

La orden de registro a la que ha tenido acceso este medio digital pide la intervención específica del "expediente de contratación de residuos sólido para la ciudad de Astorga". Señala, además, que se incluya "la contratación del servicio para la elaboración de los pliegos de aquel, así como cualquier otra documentación oficial relacionada con este contrado".

Precisamente la contratación externa de una empresa para elaborar los pliegos del contrato fue objeto de crítica por parte de IU al descubrir que la consultora que los redactó mantenía relaciones comerciales con Urbaser, la adjudicataria de la recogida de residuos en prórroga irregular desde el año 2012. El coste de ese contrato fue 10.800 euros más IVA y data del año 2016.

Los gastos del alcalde en 2018, recabados por la UDEF

Uno de los puntos más llamativos de la orden de registro en el consistorio astorgano es que el juez pide los gastos justificativos de lo gastos en que haya incurrido el alcalde Arsenio García entre enero y junio de 2018, es decir este mismo año. Requerían también desde los juzgados "los informes de la Intervención o Secretaría Municipales o cualquier otro documento relacionado con aquella".

En los registros además de documentación relativa a los contratos y gastos se autorizaba la incautación a los investigados de sus móviles, ordenadores portátiles, tablets y cualquier otro dispositivo de almacenamiento de información. El análisis de los mismos, incluidas llamadas, agenda de contacto o correos electrónicos se deberá hacer a los fines relacionados con la investigación. De especial interés ha mostrado la orden de registro en la copia y volcado de correos electrónicos, para que sean abiertos posteriormente en presencia judicial. Todo el material informático incautado será investigado en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, de donde partió la investigación que llegó a tierras leonesas.

Los delitos que se investigan en concreto en Astorga difieren ligeramente de los planteados en la pieza central de Badalona. En el caso maragato son prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos por funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos, fraude a la administración pública e inducción para la comisión de toda la ristra anterior de presuntos delitos.

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