La Fiscalía no encuentra actuaciones delictivas en la privatización de la iluminación en León

Farolas en Ordoño II

Cuatro meses después de que la Fiscalía abriese una investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato que privatiza la iluminación de las calles de la ciudad de León ésta queda archivada al no haber encontrado “base suficiente para el ejercicio de la acción penal”.

La denuncia fue presentada por Podemos e iniciada el pasado mes de marzo tras la decisión del Ayuntamiento de León de llevar a cabo el contrato, por 10 años y un valor estimado de 20,8 millones de euros, aprobado gracias a los votos de PP y PSOE.

Podemos ha denunciado en los últimos meses diversas presuntas irregularidades en la contratación, incidiendo sobre todo en una reposición de cableado por valor de casi 700.000 euros en diversas calles donde sí hay luz en las farolas.

Sobre las denuncias presentadas la Fiscalía considera que la documentación aportada en la investigación por los denunciantes y el propio Ayuntamiento de León llevan a concluir que no hay hechos que revistan carácter delictivo. No obstante deja abierta la puerta a que la discusión de determinadas claúsulas del contrato puedan ser objeto de disputa en el terreno de lo contencioso-administrativo.

Actualmente el contrato ha vuelto a ser suspendido, por segunda vez, debido a la admisión de un recurso de una de las empresas licitantes ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, anulando su adjudicación hasta que se resuelvan asuntos administrativos del mismo. En concreto el Ayuntamiento debe explicar los criterios de adjudicación motivando las puntuaciones ya que, llamativamente, los adjudicatarios presentaron una oferta más cara que el segundo concursante.

La última adjudicataria del contrato fue la UTE conformada por las empresas OHL Servicios, Ingesán y Fermasa, que se lo llevó pese a que su oferta era de 20,8 millones de euros, casi medio millón más cara que la del segundo ofertante.

El Ayuntamiento de León deberá ahora convocar y resolver de nuevo este polémico contrato, que privatiza durante una década la luz de las calles de la ciudad.

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