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OPERACIÓN ENREDADERA

Un funcionario imputado del Ayuntamiento de León exige al juez que suspenda la comisión Enredadera

El arquitecto Miguel Martínez Puente, investigado en la pieza separada de León dentro de la trama 'Enredadera', ha solicitado al Juzgado de Instrucción 1 que "ordene" al Consistorio suspender la comisión "por prejudicialidad penal del presente procedimiento con respecto al iniciado por la referida entidad local".

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Gemma Villarroel (Ciudadanos) y Antonio Silván (PP), ante la implicación del Ayuntamiento de León en la Trama Enredadera. / ICAL
A. Vega | 20/11/2018 - 09:02h.

La comisión 'de investigación' sobre la trama Enredadera en el Ayuntamiento de León tropieza con un nuevo obstáculo, y esta vez puede ser de índole judicial. Uno de los investigados, antigua figura de imputado, en la pieza separada sobre presuntos chanchullos en el Consistorio leonés, el arquitecto municipal Miguel Martínez Puente, ha pedido al juez que "ordene" a la institución que la suspenda al entender que supone "prejudicialidad penal".

En un escrito al que ha tenido acceso ILEÓN y que ha sido entregado en el Juzgado de Instrucción 1, que dirige el juez Javier Muñiz Tejerina, alega este veterano funcionario municipal que "dicha comisión es obvio que tiene el mismo objeto de investigación" que la actuación judicial, considerando que supone "una injerencia en las competencias que los Jueces y Tribunales tienen atribuidos".

Según Martínez Puente "la mera citación a la Comisión de cualquiera de los investigados y su declaración o no en la misma puede influir de forma muy importante en su derecho a la legítima defensa en el seno del procedimiento judicial". Asegura además que "contribuirá a un juicio paralelo por la opinión pública en perjuicio del investigado, tanto si declara en la Comisión, como si no lo hace".

Cabe recordar que la comisión fue la propuesta que hizo el PP a Ciudadanos para evitar una moción de censura al alcalde de León, Antonio Silván, por aparecer en la investigación judicial informando en tiempo real al presunto cabecilla de la trama, el empresario José Luis Ulibarri, de cómo iba una adjudicación en la Mancomunidad del Órbigo. La comisión comenzó sus trabajos el pasado 12 de noviembre sólo con la participación de ambos partidos, tras el boicot del resto ed formaciones municipales que la han calificado de "paripé" o "lavado de cara", entre otras lindezas.

Dentro de la argumentación de los abogados del funcionario para tan singular petición, alegan que la creación de la comisión 'de investigación', en realidad una mera comisión informativa con un asunto concreto, es un acto administrativo "que va a afectar a la esfera individual de mi mandante, y por ello es susceptible de ser suspendida por mandato judicial".

Las sesiones de la comisión se retomarán este próximo 26 de noviembre, bajo la presidencia de Ana Carlota Amigo (C's) para aprobar la lista de comparecientes, que no tienen obligación legal ninguna de acudir. PP y Ciudadanos han pactado que la comisión sea semisecreta, ya que los medios de comunicación sólo podrán asistir a las declaraciones de los cargos públicos, mientra que a las deliberaciones o a las comparecencias de los funcionarios no se tendrá acceso.

Declaraciones en suspenso

Miguel Martínez Puente forma parte junto al ingeniero municipal Javier Herrero y al ya exconcejal José María López Benito 'Yiyo' el epicentro de investigados del Ayuntamiento de León, en una pieza que tiene hasta ocho imputados. Tras los registros municipales, que incluyeron precintos de los despachos de los tres, se les citó para el 11 de septiembre en condición de investigados, pero el juez aplazó 'sine die' sus declaraciones hasta que se les entregue copia de todas las pruebas aportadas por la UDEF. 'Yiyo' acabó dimitiendo poco después de todos sus cargos para evitar la moción de censura a Silván.

Los demás investigados en esta pieza son los empresarios José Luis Ulibarri Comerzana y su socio Ángel Luis García Martín 'El Patatero', como supuestos cabecillas de la trama; la mano derecha de Ulibarri, el ejecutivo Miguel Hernán Manovel; el excoordinador de Ciudadanos y cargo de confianza de esta formación en la Diputación, Sadat Maraña Robles; y el exconcejal socialista de Astorga y empleado de 'El Patatero' Juan José Simón Callejo.

Las investigaciones de León se encaminan a esclarecer si alguna de las contrataciones, o intento, realizadas por el Ayuntamiento de León o la Mancomunidad Saleal con los empresarios investigados tiene carácter delictivo.

La Fiscalía atribuya a todos los investigados los presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos por funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos, fraude a la administración pública e inducción para cometer los anteriores delitos.

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