Quantcast

RESUMEN DE 2018

El Comisionado de Transparencia recibe el triple de reclamaciones que en 2016

La Comisión de Transparencia de Castilla y León recibe 314 solicitudes de amparo tras negarse las Administraciones a dar documentos de propiedad pública en 2018, un 55,5% más que el año anterior y más del 200% que en su primer año; más de la mitad han sido de entidades locales y más de ochenta, el 25%, de la Administración Autonómica.

imagen
La sede del Procurador del Común está entre las calles Sierra-Pambley, a la izquierda, y Dámaso Merino.
ileon.com  | 09/01/2019 - 16:30h.

La Transparencia es una de las claves para evitar la corrupción entre los políticos, y parece ser que, poco a poco, el ciudadano se va dando cuenta de la importancia de 'torcer el brazo' a los políticos y funcionarios que se niegan a dar acceso a la documentación pública. Por eso el Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha recibido este año el triple de solicitudes de amparo que en su primer año de funcionamiento. En tres años, tres veces más personas han requerido su arbitrio en este tema para intentar conseguir recibir los documentos que corresponden a todos los ciudadanos de este país por ser de ámbito público.

Así, según la información facilitada por el Gabinete de Prensa del Procurador del Común de Castilla y León, que ejerce las funciones de defensor de la Transparencia en la comunidad autónoma "en el tercer año de funcionamiento de la Comisión ha continuado creciendo notablemente el número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos frente a denegaciones de acceso a información pública dirigidas a la Administración autonómica y local, a entidades integrantes del sector público de ambas y a corporaciones de derecho público, como son los colegios profesionales".

Según la nota de prensa enviada en 2018 se han recibido 314 reclamaciones, es decir 112 más que en el año anterior (55,5% de aumento) y más del triple de las presentadas en 2016 (más del doscientos por ciento de incremento), primer año de funcionamiento de la Comisión.

De estas 314 reclamaciones, 188 se refirieron a denegaciones de información pedida a entidades locales (de las cuales 141 correspondieron a los ayuntamientos de la Comunidad); 84 se presentaron frente a la Administración autonómica; y 8 en relación con la falta de información por parte de alguna de las cuatro universidades públicas de la Comunidad. En 114 ocasiones los ciudadanos utilizaron medios electrónicos para la presentación de su reclamación.

Cómo se resiste la Administración a ser transparente

Aunque se ha reducido el porcentaje de reclamaciones interpuestas ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información (se ha pasado del 80% al 70%, aproximadamente, del total de las presentadas) todavía han sido 223 las reclamaciones planteadas frente a desestimaciones presuntas. En aquellos supuestos en los que la reclamación se presentó frente una resolución expresa, los motivos que, con mayor frecuencia, han sido utilizados para denegar la información fueron la protección de datos personales, la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada, el carácter repetitivo o abusivo de la petición y la falta de posesión de la información.

El tipo de información solicitada por los ciudadanos que ha motivado sus reclamaciones es muy diverso; no obstante, las dos grandes materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones son las relativas, por un lado, a cuestiones referidas al personal de la Administración (en especial a funcionarios de la Administración Autonómica); y, de otro, a la actividad económica, presupuestaria y de contratación de las entidades locales.

Aumento de resoluciones pese a la falta de plantilla

Todas estas peticiones agravan el problema del Comisionado de Transparencia autonómico por falta de presupuesto y plantilla, cosa que el anterior Procurador del Común ya puso de manifiesto en varias ocasiones, como en esta noticia. Sin embargo, aún pese a la escasez de medios y técnicos, al adquirir experiencia aún consigue aumentar la capacidad de resolución. Aunque la falta de apuesta por la Transparencia por parte de la Administración Autonómica y Municipal, que la usa más como propaganda que como política real de cara al ciudadano, hará complicado conseguir aumentos significativos más allá de estos logros conseguidos.

También ha experimentado un notable crecimiento el número de resoluciones adoptadas por la Comisión de transparencia: en 2018 han sido 226 las resoluciones acordadas, por las 155 de 2017. De estas 226 resoluciones, en 94 de ellas se estimó en todo o en parte la petición del ciudadano de acceder a determinada información y, por tanto, se requirió al organismo afectado para que suministrara la misma.

En 65 ocasiones las resoluciones estimatorias se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 21 de las resoluciones estimatorias se formularon a alguna de las Consejerías de la Junta de Castilla y León (11 más que el año anterior).

"Estas resoluciones son ejecutivas y deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los tribunales. De hecho, en 2018 se ha presentado un nuevo recurso judicial frente a una Resolución de la Comisión, que se añade a los tres presentados en 2017, encontrándose todos ellos pendientes aún de ser resueltos", explican desde el gabinete de Prensa.

Tipo de resoluciones favorables al ciudadano

Como ejemplos de algunas de estas resoluciones (cuyo contenido completo es publicado en la Web), se puede señalar que a través de ellas se ha instado a la Administración autonómica a que facilite los datos correspondientes a las gratificaciones extraordinarias percibidas por el personal directivo o de mayor responsabilidad, así como los relativos a las retribuciones y autorizaciones de compatibilidad de un alto cargo; igualmente, se ha señalado a la misma Administración que debía proporcionar los datos sobre alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que habían sido solicitados; se ha requerido a una sociedad mixta municipal para que proporcione información a un ciudadano sobre su contratación; o se ha instado a un Ayuntamiento para que dé acceso a la información relativa a su contratación de personal laboral.

Por otra parte, es destacable también este año que hasta en 52 ocasiones (9 más que en 2017), una vez que ha intervenido la Comisión ante la reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a esta y se ha proporcionado el acceso a la misma.

Una de las apuestas más potentes de ILEON.COM es la política de Transparencia en las Administraciones públicas. En este manual para pedir documentos públicos por transparencia publicado en octubre de este año, cualquier persona podría saber hasta cuánto dinero se han gastado en las fiestas de su pueblo, con modelos de petición y amparo al Procurador del Común.

publicidad

También te puede interesar

Deja tu comentario
publicidad
publicidad


publicidad