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Juzgados

Dos leoneses serán juzgados por otro 'ramal' de la trama corrupta Gürtel que salpica al PP

El empresario constructor José Luis Martínez Parra y el abogado berciano Ramón Blanco Balín se sentarán en el banquillo por el caso de Arganda del Rey junto a Correa y otros 18 acusados hoy por el juez De la Mata. Ambos ya están implicados, como también Ulibarri, en otras piezas separadas de la trama.

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El berciano Ramón Blanco Balín.
ileon.com  | 09/01/2019 - 18:50h.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido hoy, a través de un auto, poner fin a la instrucción judicial de uno de los muchos 'ramales' de la trama corrupta Gürtel que afecta al PP, en este caso referente a la pieza separada del municipio madrileño de Arganda del Rey, y entre las 21 personas a las que les atribuye diversos delitos por el pago y cobro de comisiones millonarias a cambios de obras públicas en este municipio ha decidido que sentará en el banquillo a dos leoneses: el empresario constructor José Luis Martínez Parra, dueño de Teconsa e hijo de Martínez Núñez; y al abogado berciano Ramón Blanco Balín.

Además, De la Mata propone juzgar a también al presunto cabecilla, Francisco Correa, junto a Pablo Crespo y otras 19 personas, entre ellas cargos públicos y autoridades, por la pieza del caso Gürtel de Arganda del Rey en la que se investigan las actividades desplegadas por aquellos y otras personas, a través de un complejo entramado societario, encaminadas a la obtención de adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular, a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública de valiosos regalos o importantes cantidades dinero.

En dos autos, el juez acuerda la formación de la pieza separada denominada "Arganda" y al mismo tiempo dictar el auto de pase a procedimiento abreviado relativo a esta causa, que comprende la actividad desarrollada, de forma ininterrumpida entre 1998 y 2009, por Correa y las personas y sociedades integradas en su grupo, en el municipio madrileño de Arganda del Rey, "dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad".

Los delitos

Los hechos investigados en esta pieza serían constitutivos de delito continuado de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

Además de contra Correa y Crespo, y aparte los leoneses Martínez Parra y Blanco Balín, la causa se dirige contra José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Pablo Collado, Ginés López, Benjamín Martín Vasco, Juan Fernández Caballero, César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado, Álvaro García del Río, Alfonso García Pozuelo, Fernando Martín Álvarez, Manuel Salinas, Amanda Mayo y Joaquín Martín Vasco. El auto acuerda también el archivo respecto de tres personas.

A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones tienen un plazo de 20 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Dirigieron toda la contratación pública en Arganda

En su resolución, De la Mata explica que para sus fines, Correa contó con la colaboración de Pablo Crespo, José Luis izquierdo, Isabel Jordán y Pablo Collado, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos de este municipio como Ginés López, Benjamín Martin Vasco y Juan Fernández caballero y que, en la práctica, "llegaron a dirigir toda la contratación pública de Arganda del Rey".

El grupo favoreció, siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos, explica el instructor, la adjudicación irregular de contratos a distintas personas y sociedades, contando para ello con la colaboración, en distintas actuaciones de dichos procesos de contratación, de los siguientes funcionarios públicos: César Tomás Martín Morales; Isaac García Requena; Luis Bremond; José Ramón Gutiérrez Villar; María Josefa Aguado del Olmo; y Álvaro Garcia del Río.

Por su parte, entre las empresas favorecidas figuró la leonesa Teconsa, que fundada por su padre, gestionaba el investigado José Luis Martínez Parra, así como Martinsa, gestionada por Fernando Martín Álvarez, y en cuyo interés habrían intervenido también Manuel Salinas y Amando Mayo Rebollo, así como su asesor fiscal el bembibrés Ramón Blanco Balín.

Según el juez, para torcer su voluntad y a modo de pagos y comisiones ilícitas, Correa efectuó distintos regalos en efectivo y en especie a algunos de los miembros del grupo, en consideración a su integración en el mismo, al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel y a las otras mercantiles mencionadas.

Una comisión de al menos 25 millones de euros

El auto también explica que Correa, Crespo y Blanco Balín habrían convenido con, al menos, Ginés López y Benjamín Martín Vasco, el cobro de una comisión por la adjudicación de las parcelas integradas en la unidad de ejecución 124 pertenecientes al Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Esta comisión habría ascendido, señala el magistrado, al menos, a un total de 25.000.000 de euros y habría sido pagada por Fernando Martín, Manuel Salinas y Amando Mayo con motivo de la adjudicación a favor de Martinesa, "conociendo que iba a ser distribuida entre al menos los investigados anteriormente referidos".

La comisión de 25.000.000 de euros se distribuyó entre algunos de quienes habían intermediado a favor de Martinsa, en concreto, entre al menos Correa y Blanco Balín, y los cargos públicos con quienes se habría acordado la adjudicación a favor de esa empresa, al menos, Ginés López y Benjamín Martín Vasco.

La comisión se habría abonado en sendos pagos de 12.000.000 y 12.870.000 euros efectuados en diciembre de 2004 y junio de 2006, respectivamente, en cuentas que Correa mantenía en Mónaco y en Suiza y en un tercer pago de 130.000 euros transferido directamente a Blanco Balín en una cuenta que mantenía abierta en Suiza a nombre de la sociedad panameña Darwin International Consultants.

Más 'Gürtel' y más leoneses, como Ulibarri

Cabe recordar que la trama Gürtel, en todas sus laberínticas derivaciones, ya implican desde hace años a numerosos leoneses. El caso más sonado y ya juzgado, con una condena de 15 años y multa de 5,6 millones de euros a la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, la astorgana Rosalía Iglesias, en la pieza principal, por la que cumple condena. Una sentencia que inculpó al PP nacional como partícipe a título lucrativo, algo que acabó a la postre con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero no es el único caso: Martínez Parra, así como el propio Blanco Balín, ya permanecen investigados y a punto de juicio en otro desglose judicial de Gürtel, en concreto el que investiga los gastos irregulares de dinero público a cuenta de la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI en el año 2008 con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias.

Veinte años después, en 2016, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dio el paso definitivo para acusar de manera definitiva a estos dos leoneses de numerosos delitos de corrupción por la contratación del montaje audiovisual por la visita papal. Figura que Teconsa fue la adjudicataria de 7.493.600 euros del servicio por parte de la Radio Televisión Valenciana (RTVV). La empresa leonesa no tenía ninguna experiencia en estas lides y según el auto la adjudicación fue pactada con anterioridad a cambio de suculentas comisiones. El juez considera que este contrato "produjo una auténtica sustracción de fondos de RTVV, de al menos 3.300.000 euros".

Y otra: la Gürtel de Boadilla del Monte imputa también diversos delitos a Martínez Parra, Blanco Balín y en esta ocasión también al empresario constructor y mediático leonés José Luis Ulibarri, pendientes de juicio todos ellos desde 2016 igualmente por la Audiencia Nacional por la pieza separada del caso' Gürtel' que afecta a la actividad desarrollada por la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte entre los años 2001 y 2009.

El mismo magistrado, José de la Mata, acusa a 27 personas, 11 sociedades mercantiles y al Partido Popular (como partícipe a título lucrativo) de formar parte de un entramado "dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de la citada localidad".

Además de los 'cargos' más conocidos de la trama Gürtel como José Luis Correa, Pablo Crespo o el exalcade de Boadilla, Arturo González 'El Albondiguilla', sobresalen entre los procesados tres leoneses: José Luis Martínez Parra y José Ramón Blanco Balín y José Luis Ulibarri Comerzana, que este año 2018 fue imputado y encarcelado también en la Operación Enredadera.

Ulibarri y Martínez Parra permanecen imputados en su consideración de empresarios constructores que presuntamente habrían pagado comisiones a la trama Gürtel por adjudicaciones de solares en la localidad. En el caso de Blanco Balín es por haber contribuído al blanqueo de esas presuntas comisiones.

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