Compromís pide a la Ministra garantías legales para las juntas vecinales, la mayoría de León
El portavoz de Compromís y senador territorial por Valencia pero muy vinculado a iniciativas leonesas, Carles Mulet, ha pedido a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que dote de tranquilidad y garantías a las entidades locales menores del país con las modificaciones oportunas necesarias para revertir las medidas introducidas por el Gobierno del PP y “que permita su pervivencia con las garantías de legalidad en su funcionamiento y sin la amenaza de nulidad de pleno derecho de sus acuerdos”.
Cabe recordar que, con más de 1.230, la provincia de León es la que más pedanías tiene en toda España con gran diferencia. En el territorio valenciano existen siete de estas entidades (La Llosa de Camacho, la Xara, Jesús Pobre, Bellestar, la Barraca d'Aigües Vives, El Perelló i Mareny de Barraquetes), que se suman a las casi 3.700 existentes en España.
Compromís ha recordado en una nota de prensa que Batet anunció recientemente, en León, que el Gobierno central trabajaba en una reforma “de urgencia” de la Ley de Bases de Régimen Local, que aportara tranquilidad a las juntas vecinales.
La ministra señaló que no se redactará un nuevo texto, sino que se realizará una “reforma selectiva” del existente, en el que el primer Gobierno de Mariano Rajoy introdujo cambios en 2013, con la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Ley Montoro.
Para ello podría el Gobierno utilizar un Real Decreto que debería ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días desde su aprobación por el Gobierno. Para Mulet “estas pequeñas administraciones locales son importantes y necesarias a nivel territorial y se encarnan en tradiciones ancestrales, municipalistas, de proximidad y participación de sus ciudadanos que deben ser preservadas con todas las garantías de legalidad en su funcionamiento exigibles”.
En la actualidad los acuerdos de estas entidades que no sean adoptados con el concurso e intervención del Secretario del ayuntamiento son nulos de pleno derecho. Varias sentencias recogen esta doctrina, lo que preocupa a estas entidades.
Así los senadores Carles Mulet y Jordi Navarrete han interpelado al Gobierno por las previsiones que maneja para devolver la seguridad jurídica a estos entes locales territoriales, por tanto, con personalidad y territorio propios y saber si tiene el Gobierno la intención de atender la petición de crear servicios de asistencia a todas las entidades locales -no sólo a municipios- para el desarrollo de las funciones de secretaría-intervención en juntas vecinales, parroquias y concejos, de forma que esta labor no recaiga exclusivamente en los secretarios de los ayuntamientos, como recogía el Real Decreto 128/2018.
“Estas entidades pueden acabar siendo ejemplos de buena gestión y desarrollo si disponen de un marco que les aporte seguridad, posibilidad de desarrollarse y claridad en su legislación por lo que se debe revertir la situación de forma urgente”, ha concluido Mulet.
