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Laboral

La Justicia frena 500 plazas vacantes de sanitarios impulsadas "arbitrariamente" por la Junta

Un juzgado admite la petición del sindicato Uscal de suspender parcial y cautelarmente el concurso abierto y permanente para 6.000 funcionarios impulsado el año pasado por la Consejería de Presidencia y podría afectar a más de 1.000 puestos hasta que haya sentencia firme.

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Una concentración de sanitarios, imagen de archivo.
ICAL | 12/02/2019 - 09:43h.

Un juzgado acaba de dar un nuevo varapalo judicial a la política de personal de la Junta de Castilla y León frenando en seco el concurso abierto y permanente impulsado por el Gobierno autonómico, frenazo que afecta desde ya a 500 puestos de trabajo de funcionarios vacantes, exclusivos del ámbito sanitario.

El Juzgado número 4 de lo Contencioso Administrativo de Valladolid ha suspendido de forma cautelar el concurso anunciado en agosto del año pasado por la Junta, dándole la razón al sindicato Unión Sindical de Castilla y León (Uscal), que fue quien presentó el recurso ahora admitido y la petición de paralización cautelar del proceso ya en marcha.

La decisión del juzgado vallisoletano admite esa paralización parcial y al concurso en el que participan 6.000 funcionarios de la Junta de Castilla y León, aunque al ser parcial esta decisión afecta de momento sólo a la resolución de las plazas vacantes, que son 500 y que son de momento y exclusivamente en el ámbito sanitario, si bien el tiempo puede llegar a ampliar su efecto a otros puestos.

De hecho, Uscal considera que indirectamente se verán afectados todos los puestos compartidos entre la Administración General y Especial, por lo que la resolución definitiva de más de 1.000 puestos de trabajo tendrá que esperar a que la sentencia del contencioso planteado por Uscal sea firme, y confirme el varapalo laboral a la Junta, o bien se levante la suspensión y pueda continuar el proceso, cuya responsable es la Consejería de Presidencia a través de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto.

En este concurso "abierto y permanente" de la Junta de Castilla y León, que se puso en marcha a mediados del año pasado, participan 6.000 funcionarios de la Junta de Castilla y León, si bien el sindicato insiste en que esta decisión judicial afecta de momento sólo a la resolución de las plazas vacantes, que son las 500 de sanitarios.

La decisión, según informa Uscal, suspende "la ejecución de la resolución fechada el día 11 de octubre de 2018 en lo que se refiere exclusivamente a la resolución definitiva del concurso convocado respecto a aquellos concursantes que hayan solicitado los puestos de trabajo adscritos en exclusiva a las Escalas Sanitarias de los Cuerpos de Administración Especial".

Desde la formación recuerda que no es la primera vez que el juez les da la razón, o se la quita a la Junta, ya que a este auto se suma otro reciente del Juzgado número 3, que igualmente suspendía cautelarmente la oferta de las 31 plazas ofertadas para los letrados de la Junta.

El auto argumenta que la dependencia causal de estas plazas con el catálogo de puestos tipo, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, provocaría "una situación jurídicamente irracional con el consecuente perjuicio de muy difícil reparación sino por la muy marcada apariencia de buen derecho que dada la sentencia, ofrece la pretensión cautelar".

De esta forma, ya son cuatro las sentencias del TSJ que anula el catálogo de puestos tipo. De hecho, la Consejería de la Presidencia trabaja en un decreto para fijar un nuevo catálogo y soslayar así la acumulación de sentencias en contra. Una maniobra que denuncia el sindicato, porque entiende que adolece de los mismos errores de base. "La falta de justificación de cómo se ha llevado a cabo la reducción de 700 tipos de puestos de trabajo existentes a 81 puestos tipo, sin trabajos preparatorios, estudios, informes y alegaciones, evidencia que no ha habido legítimo ejercicio de la potestad discrecional de organización del personal, sino arbitrariedad", reza categóricamente la sentencia.

En vista de todo ello, el sindicato recurrente afea a la Viceconsejería de Función Pública "que las sentencias que anulan" todo este proceso "se estén recurrido al Supremo en casación", porque se trata de una estrategia que no hace otra cosa que "demorar su ejecución" y causar aún un mayor problema.

Además, lejos de corregir el problema de arbitrariedad certificado por la Justicia, lamenta que el PP esté apostando por "las prisas" para tramitar de nuevo el Catálogo de Puestos Tipo, presentando en las nuevas mesas de negociación un conjunto de documentos "que por su importancia, volumen y contenido requieren un análisis sosegado por parte de todos los funcionarios y sus representantes sindicales".

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