Rebelión en el Ayuntamiento de León con multitud de trabajadores laborales contra la 'histórica' Oferta de Empleo Pública
Al alcalde de León y candidato a renovar en el sillón de la séptima planta del edificio de Ordoño II, 10, Antonio Silván, le crecen los enanos en el final de su mandato. A su no comparecencia en la comisión de investigación sobre la trama Enredadera, en medio de una bronca con Ciudadanos, se le suma ahora un recurso judicial que puede tumbar una de sus medidas estrellas del mandato, la Oferta Pública de Empleo que es, en realidad, una reordenación de la plantilla municipal.
El pasado 20 de diciembre Silván presentaba a bombo y platillo con todos los representantes sindicales la Oferta de Empleo Público (OEP) asociada a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de León. Se habló de cifras 'históricas', de 679 plazas, aunque la verdad es que inicialmente sólo 69 serán de turno libre de acceso libre para cualquier ciudadano, 39 de ellas para la Policía Local.
Del resto un total de 538 son plazas de 'estabilización de empleo temporal', es decir, plazas ocupadas por personal laboral que saldrán a concurso, pero que en principio debe cumplir los criterios de libre concurrencia aunque si fueran en formato concurso-oposición puede favorecer a quienes ya trabajan en la Administración pública.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de León tiene una alta tasa de laborales en relación con su personal funcionario de entre todos sus trabajadores, algo que sucede en toda España y que ha sido motivo de llamada de atención de Europa. Decenas de trabajadores de su plantilla, que es de alrededor de 1.800 personas, llevan años trabajando para el Consistorio encadenando contratos, lo que en la mayor parte de los casos supone vulnerar la ley que prohibe empleo laboral más de tres años con la Administración.
Pero todo este asunto puede saltar por los aires tras presentar más de un centenar de trabajadores del Ayuntamiento de León un recurso judicial para 'tumbar' la oferta pública de empleo. Para ello se ha creado la llamada Plataforma de Empleados Públicos Municipales Laborales, que agrupa a los indefinidos no fijos y funcionarios interinos, y en la que participan alrededor de 200 trabajadores municipales, según ha podido conocer este periódico. Unidos han presentado una demanda de impugnación de la oferta de empleo público para denunciar el procedimiento de estabilización laboral.
Este movimiento de trabajadores es independiente y se muestra muy crítico con el papel de los sindicatos que sí han firmado la RPT y la oferta de empleo, a los que prácticamente tachan de “traidores”. Denuncian que ninguno de los acuerdos del 20 de diciembre contaban con el aval de la plantilla municipal al no celebrarse asambleas y acusan a los sindicatos de haber firmado sin pensar en los trabajadores. Los sindicatos que se retrataron son Silván y firmaron fueron UGT, CCOO, CSIF, USO, SPPMCYL y ASIAL. Sólo los de STIL y CGT denunciaron el acuerdo y éstos últimos alertaron incluso del peligro de un “ERE” en el Ayuntamiento al amparo de esta decisión.
El recurso no paraliza, en principio, el procedimiento pero enmaraña su futuro en un momento en el que se negocian las bases para las convocatorias generales y particulares de las plazas relacionadas con la estabilización laboral. Al margen están casi otras 70 plazas que en los últimos meses el Ayuntamiento de León ha convocado para personal que tenía reconocidas categorías superiores y que ha significado consolidar puestos, por ejemplo, a los imputados en la operación 'Enredadera' o convertir a un jardinero en 'jefe' de Cultura.
El asunto preocupa tanto al equipo de gobierno del PP que el concejal de Régimen Interior (Personal), Agustín Rajoy, se personó hace días en una de las reuniones de la plataforma de afectados de forma sorpresiva para exponer sus argumentos a favor de la oferta de empleo e intentar aplacar los ánimos. Sus argumentos no sirvieron de nada ya que se ha formalizado el recurso este miércoles 20 de febrero. Ahora los tribunales dictaminarán si la 'estabilización' planteada se ajusta a derecho o no. Lo que todo apunta es que será un importante 'marrón' que se comerá la siguiente corporación y alcalde o alcaldesa de la ciudad.
