Victorino Alonso echa la culpa a políticos y subordinados de la explotación ilegal del Feixolín durante 15 años
El empresario minero Victorino Alonso ha negado hoy en el juicio por la explotación ilegal del cielo abierto de El Feixolín que pese a ser consejero delegado de las empresas Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y Coto Minero Cantábrico (CMC), tuviera algún poder ejecutivo en las mismas y que conociera que este cielo abierto que explotaron entre 1994 y 2009 estas empresas se hiciera sin las pertinentes licencias.
En el interrogatorio al que fue sometido, especialmente por el fiscal Ismael Tascón, el magnate minero se definió como un “un empleado”, asegurando que pese a sus cargos “mía no era ninguna”. Achacó la existencia del grupo minero Victorino Alonso a comentarios “en los medios y en los bares”, desvinculando además las relaciones entre sus diferentes empresas mineras (Uminsa y CMC).
La estrategia de defensa de Victorino Alonso, que se enfrenta a una petición de 8 años y 3 meses de prisión, negó básicamente su posición de poder en la empresa arguyendo que era competencia del director general, del director de minería y del director de la explotación, en todo caso, las responsabilidades sobre las ilegalidades del Feixolín.
El empresario alegó que su cargo de consejero delegado consistía en una función institucional y de relaciones públicas, “nunca pertenecí a la dirección ejecutiva”, descargando en sus subordinados toda responsabilidad. Señaló además que las decisiones del consejo de administración las tomaban los partidos políticos representados y Caja España, “que era quien ponía el dinero”. Para Alonso el proyecto se aprobó porque “el director general dijo que estaban todos los trámites hechos”.
El proyecto de explotación de un cielo abierto del Feixolín fue presentado por la compañía minera en 1986 y su explotación comenzó en 1994, según llegó Victorino Alonso a tomar el control de la empresa. En 1999 el Ayuntamiento de Villablino concedió por silencio administrativo licencias menores relacionadas con el cielo abierto, anuladas en 2004 por la justicia, paralizándose de forma definitiva toda la actividad minera en el 2009 tras un proceso de restauración denunciado como explotación encubierta.
Victorino Alonso aseguró que la denuncia interpuesta por el empresario Antonio Arias Tronco es una venganza personal “para sacarme los dineros”, señalando a un proceso de compra frustrado de un prado y una braña aledaña a la explotación minera como el origen de la disputa. El magnte minero, hoy jubilado, explicó que “votó a favor de todo” dentro de los acuerdos de la compañía y que tanto la Junta de Castilla y León como el Ministerio de Industria conocían la explotación porque cada año se informaba de la misma y de sus planes y que nunca dijeron nada sobre su ilegalidad.
Alonso se encuentra en la actualidad condenado a 2 años de prisión por la destrucción de la cueva neolítica de Chaves en Huesca. Por ello tiene embargados 600 euros de su pensión de 2.500 euros, que aseguró son sus únicos ingresos, hasta que pague la parte de los 25 millones de euros que le corresponde de indeminzación por estos hechos. Si es condenado a prisión tendría que cumplir la condena al ser la segunda con pena de cárcel que afronta.
Murias no actuó por responsabilidad social
El exalcalde de Villablino por Izquierda Unida, Guillermo Murias, que se enfrenta a una pena de 15 meses de prisión por un delito de prevaricación urbanística, reconoció que cuando llegaron al gobierno en 1995 fueron conscientes de que El Feixolín “era un problema”. Murias justificó desde el punto social que no ordenara el cierre de la explotación pese a que un informe municipal aseguraba que faltaba documentación para la legalación de la mina a cielo abierto. “No intento el cierre porque creo que era una irresponsabilidad por mi parte”, alegó ante el tribunal.
Murias reconoció que en 1999 se validaron las licencias por silencio administrativo y que actuó de acuerdo a la ley cuando en 2004 se anularon y por tanto paralizó la explotación e impuso una multa millonaria, 128 millones de euros que finalmente otro tribunal dejó en menos de un millón.
Para el exalcalde lacianiego “no podría echar sobre mis espaldas la responsabilidad de esa explotación”, señaló para indicar que la Junta de Castilla y León tenía conocimiento de su desarrollo y que a la misma la avalaban contratos con el Ayuntamiento y Juntas Vecinales que podrían haber puesto en peligro ingresos y puestos de trabajo.
El apoderado de MSP, José Tascón González, es el tercero de los acusados con petición fiscal de 8 años y 3 meses también por presuntos delitos medioambientales. En su testimonio se presentó como un mero trabajador administrativo sin poder efectivo y que cumplía órdenes de firma desde la asesoría jurídica. Negó tener conocimiento de cualquier irregularidad relacionada con la explotación minera y proclamó su inocencia argumentando, como Victorino Alonso, que en todo caso serían responsables los directores de explotación, minería y general de la empresa, no imputados en este proceso judicial.
El juicio continuará este martes con nuevas declaraciones de testigos sobre la explotación ilegal del cielo abierto de Laciana. Entre las cuestiones previas planteadas por las defensas estaban una sobre que el proceso ya sería 'cosa juzgada' el haberse realizado en 2016 un juicio, ganado por Victorino, sobre presunta desobediencia relacionado también con El Feixolín. El tribunal optó por decidir al final del mismo sobre esta cuestión ya con la sentencia.
Además de este juicio, a Victorino Alonso le queda otro por delitos similares pero en este caso por la explotación del cielo abierto de Nueva Julia.
