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Tribunales

La Fiscalía pide investigar a nueve diputados provinciales de León por un sobrecoste millonario

La denuncia por presunta prevaricación y malversación, que ahora debe admitir o no el juez, incluye a conocidos alcaldes y candidatos del PP, así como al expresidente Marcos Martínez, ahora regidor independiente de Cuadros e imputado aún en 'Púnica'.

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El 'Caso Carflor' apunta ahora ahora judicialmente a varios mandatarios del PP en 2012 en la Diputación, muchos de los cuales siguen en activo con cargos públicos. / ICAL
ileon.com  | 20/05/2019 - 12:00h.

La campaña electoral se 'calienta' con una nueva decisión judicial que acaba de trascender ahora. Se trata de la decisión de la Fiscalía de León, que preside María Isabel Morán, y en la que formula denuncia por presuntas prevaricación y malversación contra nueve políticos que fueron en su día, y algunos aún son, diputados provinciales, y entre los que se encuentran varios responsables comarcales del Partido Popular, muchos de ellos aún alcaldes también e incluso candidatos en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo.

El caso nace por un sobrecoste millonario presuntamente irregular por las decisiones que adoptó el equipo de Gobierno del PP de la Corporación provincial del anterior mandato (años 2011 a 2015) respecto a la rescisión del contrato del servicio de ayuda a domicilio en los pueblos de la provincia leonesa a la empresa leonesa Carflor, tal y como publica hoy La Nueva Crónica.

En concreto, la fiscal pide al Juzgado Decano que tome declaración a los denunciados y recabe sus antecedentes penales. Se trata de quien fuera entonces el presidente de la Diputación por el PP, Marcos Martínez Barazón, y los diputados populares José Antonio Velasco, Miguel Ángel del Ejido, Teodoro Martínez, Emilio Orejas, Raúl Valcarce, María Isabel Fresno, Miguel Ángel González Robla y María de la Paz Diez, además de incluir también como denunciada a una funcionaria del Palacio de los Guzmanes.

Esta denuncia de la Fiscalía leonesa emana de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León dictada el pasado mes de marzo de 2019, en la que se consideraba ilícita la renuncia al contrato de ayuda a domicilio aprobada en tiempos de la presidenta Isabel Carrasco, en 2012, y que posteriormente se contrato a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Clece y Limpiezas, Ajardinamiento y Servicios, Seralia SA (propiedad esta última entonces del empresario leonés José Luis Ulibarri).

En esa sentencia, el TSJ rebajaba muy considerablemente la petición de indemnización que otro juzgado había establecido a favor de Carflor, que inicialmente era de 3,7 millones de euros, determinando que recibiera 'sólo' 414.000 euros. Pero sobre todo, el Alto Tribunal pedía que la Fiscalía investigase presuntas irregularidades que se habían detectado en aquella decisión, por si "los hechos que relata pudiera inferirse que se ha incurrido en responsabilidad penal" de los nueve políticos y la funcionaria provincial.

Obedeciendo a esta petición, la fiscal observa ahora que los hechos "pueden ser indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación y de un delito de malversación de caudales públicos", por advertirse que las decisiones tomadas en 2012 en Junta de Gobierno "ocasionaron, además de la ilicitud del acuerdo y la nueva adjudicación" del servicio, "un perjuicio al erario público", dado que la empresa recurrió tanto la rescisión del contrato como la nueva contratación a otra empresa, lo que supuso finalmente "la necesidad de abonarle el beneficio industrial dejado de percibir".

Libran Carrasco, 'Lupi' y Jaime González

De esta denuncia de la Fiscalía se libra la entonces presidenta, Isabel Carrasco, ya que fue asesinada en mayo de 2014, así como otros dos diputados provinciales, Francisco Lupicinio Rodrigo (Lupi) y Jaime González, que aunque formaban parte de la Junta de Gobierno no estuvieron presentes en la decisión que se adoptó en aquella fecha.

La fiscal jefe asegura en el seno de las Diligencias de Investigación 49/19, que "el acuerdo alcanzado que se cifró en 'razones de interés público' por falta de financiación carece de la más absoluta justificación, puesto que se realizó con conocimiento de que la adjudicataria, quien venía prestando ya tales servicios y cuando realmente, durante todo el periodo de vigencia de lo que sería el contrato al que se renunció, se abonaron, mediante prórroga, los servicios prestados en la zona este a la propia entidad y a otra entidad en la zona oeste, datos que acreditan la existencia de financiación suficiente, como conocían quienes renunciaron al mismo".

Los políticos afectados y quién se vuelve a presentar

El impacto político de la decisión de la fiscal, aunque no supone, todavía, una imputación judicial formal, tensiona enormemente la campaña. Y es que un total de tres diputados ahora denunciados, dos de ellos, además, responsables comarcales del PP, son a día de hoy aún ediles de la Corporación que preside Juan Martínez Majo y nuevamente candidatos a repetir en sus respectivas alcaldías: Miguel Ángel del Ejido en Santa María del Páramo; Raúl Valcarce en Carracedelo; y el expresidente 'accidental' de la Diputación, Emilio Orejas, en Valdelugueros.

El imputado y 'púnico' expresidente Martínez Barazón

Por su parte, Marcos Martínez Barazón sigue siendo alcalde de Cuadros y también concurre nuevamente a este puesto con una agrupación independiente, y sobre él pesa también todavía una poderosa imputación judicial nada menos que de la Audiencia Nacional tras su detención fulminante en noviembre de 2014 por la Operación Púnica contra la corrupción y tras pasar varios meses en prisión, de la que sólo se libró mediante una fianza.

De nuevo por el PP, Isabel Fresno es y se presenta para seguir siendo alcaldesa de Vegaquemada, mientras Miguel Ángel González Robla es ya por poco tiempo concejal en el Consistorio, donde fue alcalde en Soto y Amío, porque no se presenta a la reelección.

Finalmente, María de la Paz Martínez es concejala del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, del que en aquel tiempo era alcaldesa, pero tampoco se vuelve a presentar. José Antonio Velasco, por su parte, era entonces igualmente regidor pero ya ni es concejal tras ser inhabilitado por cuatro años por prevaricación urbanística y dimitir a la fuerza como alcalde de Congosto. Y finalmente, Teodoro Martínez, alcalde de Villadangos del Páramo, también se retira ahora de la política municipal.

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