León estuvo presente en la marcha por las pensiones dignas que llenó hoy Madrid
Miles de jubilados llegados de todo el país, con alguna presencia de mayores leoneses y algunas personas que les acompañaban en sus reivindicaciones, se han manifestado este miércoles en Madrid bajo el lema “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”.
La marcha ha recorrido el centro de la capital, encabezada por los pensionistas que han hecho centenares de kilómetros en dos marchas desde Rota (Cádiz) y Bilbao y que confluyeron este martes en la Puerta del Sol como jornada previa a la manifestación de hoy.
La Coordinadora por la defensa del sistema público de pensiones (Coespe) reivindica, entre sus principales demandas, una “garantía de subida permanente de las pensiones según el IPC” y una pensión mínima de 1.080 euros que sea igual al salario mínimo interprofesional, con el objetivo de reducir la brecha que sufren las mujeres.
Entre los leoneses, destacó la presencia, una vez más, de la que fuera diputada nacional de Podemos por León, Ana Marcello, de nuevo candidata en las elecciones del próximo 10 de noviembre, quien acudió a las protestas junto a algunas banderas leonesas para asegurar que “nuestros mayores nos siguen marcando el camino, no dando ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos conquistados y alzando la voz y tomando las calles para reclamar una Ley que defienda las pensiones públicas”.
Los jubilados exigen la derogación definitiva del factor de sostenibilidad de la reforma de las pensiones de 2013 de Mariano Rajoy, que ahora está en suspenso hasta el año 2023, y en general de las reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013. Reclaman que se garanticen las pensiones como un derecho fundamental en la Constitución, para defender el sistema público de pensiones frente a la privatización de las jubilaciones.
El Gobierno hizo este martes publico el Plan Presupuestario 2020 que ha enviado a la Comisión Europea donde recoge un incremento de las pensiones para ese año del 0,9%, lo que supondrá un coste de 1.404 millones de euros. Los pensionistas reclaman que la revalorización anual no dependa de lo que decida hacer el gobierno de turno, sino que el incremento según los precios esté plasmado en la legislación.
