La Transparencia en Castilla y León sigue abierta y se resuelve pese a estar cerrada la estatal por el estado de alarma

La sede del Procurador del Común entre las calles Sierra-Pambley (izquierda) y Dámaso Merino.

Jesús María López de Uribe

El decreto del estado de alarma del 14 de marzo por la pandemia Covid-19 paralizó los plazos de la Ley de Transparencia, y causó la inhabilitación de parte del Portal de Transparencia estatal. Pero en Castilla y León no, la dirección general de la Consejería de Francisco Igea decidió que seguiría con normalidad, e incluso el 'parón' administrativo ha terminado agilizando el trabajo.

Mientras en España las protestas son mayúsculas por cerrar Transparencia, la Junta de Castilla y León, y el Comisionado de Transparencia autonómico (el Procurador del Común) se han volcado en este asunto. El equipo de este último –el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León desde abril de 1993, Tomás Quintana López– ha sacado adelante desde el 16 de marzo hasta el 4 de mayo 54 resoluciones de amparo, el 25% de las 216 que resolvió en 2019.

El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos 'anuló' durante el estado de alarma el envío de las respuestas pendientes e incluso paralizó el Derecho de Acceso a la Información al negarse a responder a las preguntas porque decretó que los plazos comenzarían el día que decaiga esta excepcionalidad constitucional. Aunque había una excepción en las solicitudes relacionadas con los temas relacionados con el coronavirus, ésta fue eliminada 4 días después de su publicación con otro Real Decreto.

Mientras la transparencia es nula en el Gobierno de la Nación, llegando a ocultar los nombres de los expertos que deciden sobre el 'cambio de fase' en la desescalada –incumpliendo también la legislación de Sanidad–, la disposición de la Junta de Castilla y León en este asunto es más que loable.

Efervescencia resolutoria en el Comisionado

En el caso del Comisionado de Transparencia ha sido posible gracias al esfuerzo de la adjunta al Procurador del Común, Anabelen Casares Marcos, en implantar la Administración Electrónica en la Institución.

Un esfuerzo ímprobo y complejísimo que supuso grandes esfuerzos de toda la plantilla el año pasado, pero que ha tenido su premio al permitiriles teletrabajar con todas las garantías legales y administrativas desde el primer día de 'tajo' en el estado de alarma.

Hasta tal punto que en los datos ofecidos por el Gabinete de Comunicación de la Institución se observa que se han resuelto más expedientes que los días citados: 56 en 51 días: 54 de ellos amparos de reclamación y 2 acuerdos relacionados con cumplimiento de resoluciones anteriores. En este tiempo, además, se ha reunido la Comisión de Transparencia en unas seis ocasiones de forma telemática por videoconferencia, de las 16 del año.

Ingentes nuevos datos abiertos de la Junta

Otro de los trabajos ímprobos de Transparencia de la Junta de Castilla y León es la cantidad de nuevos 'datasets' (conjuntos de bases de datos) que ha subido decenas de nuevos de ellos, sobre todo relacionados con la pandemia (19), a su página de datos abiertos, allí se pueden consultar 152 distintos.

Es más, el escaso equipo de Transparencia del director general de Transparencia de Castilla y León –cuatro personas con dos trabajando los fines de semana de forma ininterrumpida desde el comienzo del estado de alarma– ha estado gestionando miles de datos para informar día a día de la Situación Epidemiológica de la enfermedad Covid-19 en Castilla y León, con una página dedicada en exclusiva y que permite la visualización de estos datos al vuelo.

En esta entrevista del Diario de León, Joaquín Meseguer Yebra explica las dificultades y los retos a los que se ha visto esta expresión ya no sólo de Transparencia, sino de ejemplo de Gobierno Abierto en tiempos tan complicados. La apuesta de Francisco Igea –vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de, nótese lo primero que es toda una declaración de intenciones, 'Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León'– es clara y evidente.

Igea empezo fuerte, ya que según llegó al cargo ordenó hacer público el reparto de la publicidad institucional autonómica por medios de comunicación, algo que antes se había ocultado deliberadamente. Y en esta crisis del coronavirus el esfuerzo por mostrar de la mejor manera posible la invidencia del SARS-CoV-2 en la población autonómica ha sido ingente, excepcional y ejemplar.

Los plazos sí se siguen cumpliendo en Castilla y León

Por último, destacar que los plazos para la petición de acceso a la información sí continúan como si nada, o eso es lo que pretende la consejería de Igea y la dirección general de Meseguer. Los plazos son los que son, un mes hasta la resolución y se continúan respondiendo las peticiones que incluso decretaron que se pudieran realizar de la manera más fácil posible (de hecho recibieron en dos meses de 2019 tras simplificar el trámite tantas peticiones como en todo 2018), mediante un formulario en web. Las solicitudes se pueden realizar desde aquí.

Francisco Igea ha realizado un esfuerzo notable de Transparencia en la Junta desde que llegó al poder, junto a Joaquín Meseguer, y sobresaliente durante la crisis del Covid-19

Incluso han iniciado los trámites para cambiar la Ley de Transparencia Autonómica (anteproyecto aquí) y han aprobado un código ético para los altos cargos de la Junta por los que están obligados a estarán obligados a no aceptar comidas, regalos o entradas y deberán mostrar sus agendas para los ciudadanos conozcan con quién se reúnen.

Mientras el Estado se vanagloria de una Transparencia que no cumple, en unos tiempos en que la misma debería haberse acelerado y no cortado, la Junta de Castilla y León y el Comisionado de Transparencia autonómico lo hacen a toda máquina y con una resolución sobresaliente.

Aunque también se pongan flores por ello, en este caso –pese a las dificultades en poder mostrar de forma rigurosa toda la información– sí son ejemplo de cómo se ha de afrontar la Transparencia, fundamental para que los ciudadanos puedan controlar las decisiones de sus gestores políticos, en tiempos de coronavirus.

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