La subida del IVA al azúcar amenaza con dar la puntilla al sector remolachero

La subida del IVA a las bebidas azucaradas planteada por Ministerio de Consumo amenaza con dar la estocada al sector azucarero de Castilla y León, que ha reaccionado oponiéndose de forma rotunda y visible como ha sucedido en La Bañeza. El impuesto se sitúa ahora en el 10% y el Gobierno trabaja para aumentarlo hasta el 21 en los próximos presupuestos generales. Con ello se quiere desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y reducir el impacto sobre la salud que tiene entre aquellos que las toman en exceso, sobre todo entre los niños: España es el tercer país con mayores niveles de obesidad infantil de Europa, solo superada por Grecia e Italia, informa elDiario.es/castillayleon.

La mayoría de agricultores, productores, sindicatos y partidos políticos de Castilla y León han formado un inusual frente contra la subida del impuesto, ante el temor de que afecte a un sector del que viven miles de familias en la Comunidad y que no pasa por su mejor momento. Solo en Castilla y León existen cerca de 1.300 trabajadores en la industria y hay 1.800 agricultores dedicados a la remolacha azucarera.

La Comunidad es la principal región remolachera de España, según datos de la Junta de Castilla y León, el 85% de las 500.000 toneladas de azúcar refinada en el país se producen en esta comunidad. También el grueso de las fábricas está en la región, de las cinco de todo el país, cuatro están en Castilla y León (Miranda de Ebro, La Bañeza, Toro y Olmedo) y una en Andalucía, en Jerez de la Frontera. El apoyo de las instituciones autonómicas castellanas y leonesas al sector es total.

El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero viene reiterando su rechazo al impuesto desde hace semanas, como queda resumida en la frase que lanzó desde una planta de producción: “Aquí lo único que daña de verdad a los hipertensos, a los diabéticos y al conjunto de los ciudadanos es el comunismo, eso sí que daña de verdad y no el azúcar”.

A pesar de las alharacas, el resto de partidos políticos en la Comunidad también ha cerrado filas en torno al sector. “Cuando se trata de cuestiones de nuestra tierra y del sector agroalimentario siempre vamos a estar con nuestra ciudadanía, la de Castilla y León”, explicaba esta semana la vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, al ser preguntada por este diario.

Los socialistas se sumaron a PP, Ciudadanos y Vox en las Cortes autonómicas y votaron a favor de una proposición no de ley del PP en contra el aumento del impuesto. Los dos procuradores de Podemos se abstuvieron. Durante esa sesión, los socialistas mostraron su rechazo a la subida del IVA y calificaron de “poco afortunada” la campaña que el Ministerio de Consumo publicó en redes sociales durante el Día Mundial de la Alimentación con el hasthag #ElAzúcarMata.

En realidad, el lema de la campaña, lanzado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, es “Azúcar, te dejo”, y se apoya en datos como que el 17,4% de la población adulta española es obesa y que el 37,1% tiene sobrepeso. El consumo de azúcares añadidos ha sido implicado en el aumento del riesgo de una variedad de enfermedades crónicas como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la enfermedad de hígado graso.

José Luis Domínguez, director general de ACOR, la cooperativa que se reparte con Azucarera (British Sugar) el mercado español, no duda de que la obesidad sea un problema, pero sí rechaza que sea solo causa del azúcar. “La subida del impuesto está fuera de lugar y no ha existido diálogo. La obesidad es un problema que existe, sí, pero es multifactorial y no depende del consumo de un único alimento”, sentencia. Domínguez cree que, de aprobarse en los nuevos presupuestos, “la decisión va a perjudicar a todos productores, fabricantes y consumidores”.

Desde el sindicato UGT en Castilla y León también rechazan el aumento, que repercutirá sobre todo a los consumidores a la vez que pone en riesgo miles de puestos de trabajo. El secretario General de UGT-Fica Azucarera, Francisco Javier Fernández considera que de aprobarse la medida supondrá un “atropello”. El Gobierno planea recaudar alrededor de 400 millones de euros con el aumento del IVA, expectativas que rebajan desde la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que sitúan la recaudación en 227 millones.

Para Fernández estos cálculos no tienen en cuenta los costes que podrían producirse si el aumento llevase al cierre a alguna de las fábricas. “Eso nos destrozaría”, señala. En las fábricas de toda España hay alrededor de 1.500 empleados y se calcula que más de 20.000 otros empleos dependen indirectamente.

El sector del azúcar no pasa por su mejor momento. “Este año hemos notado una caída importante en las siembras de remolacha, desde las lluvias a la Covid-19 y que el sector del campo está muy envejecido”, subraya el director de ACOR. Según datos de la organización agraria COAG, los agricultores están perdiendo el interés por cultivar remolacha.

En los últimos cinco años en Castilla y León se ha reducido el número de hectáreas destinadas a ello en 5.000: de 23.000 en la Comunidad se ha pasado a 18.000. Los datos no mejoran en el global de toda España. En los dos últimos años se han perdido 9.000 hectáreas y la superficie cultivada no llega a 27.000 hectáreas en todo el país, cuando antes superaba los 36.000 holgadamente.

Desde COAG minimizan el impacto que puede tener la subida del impuesto, que consideran más recaudatorio que disuasorio del consumo. Lorenzo Rivera señala que el problema que viene arrastrando el sector no es nuevo sino que viene de la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del azúcar de 2006, auspiciada por la Unión Europea y que supuso una reducción de los precios y el fomento de las importaciones de la materia prima en otras regiones. Por eso denuncia el cinismo de las empresas productoras de bebidas azucaradas. “No seamos ahora nosotros, los agricultores remolacheros, los que defendamos a esas empresas que han arruinado a muchos”.

En Castilla y León hay una particular guerra por el precio entre ACOR y Azucarera, esta última en propiedad de la británica British Sugar, de la multinacional Associated British Foods, dueña de otras empresas como Primark o de la marca de infusiones Twinings. La cooperativa paga 42 euros por tonelada a los agricultores, mientras que Azucarera sitúa la cifra en 26 euros con compensaciones según la producción que aumentan a 27,89.

COAG denuncia que Azucarera ha abonado un 25% menos a los remolacheros por su producto respecto al año 2015, mientras que el consumidor ha pagado un 13% más por el azúcar. Esto ha provocado que muchos de los agricultores que estaban con la multinacional se pasen a ACOR: de 7.000 hectáreas contratadas hace dos años a 14.000 en 2019. Las dos empresas azucareras han contratado 2,24 millones de toneladas de remolacha tipo para esta campaña en Castilla y León: la cooperativa, 1,23 millones, y Azucarera Ibérica, 1,01 millones.

El director de ACOR prefiere no entrar en este debate. “Nosotros queremos que los socios tengan un precio superior, creemos que podemos hacer que la remolacha sea aún más rentable, es un precio difícil pero creemos que tenemos que trabajar por él”. El precio de Azucarera se establece según los mercados europeos, mientras ACOR dice mantener su compromiso con el campo castellano.