El exalcalde de Astorga Arsenio Gacía niega irregularidades 'Enredadera' contestando solo a su abogado
El excalde de Astorga por el Partido Popular, Arsenio García, ha negado este jueves en los Juzgados de Astorga cualquier irregularidad en la contratación municipal durante su mandato, dentro de la investigación sobre la trama 'Enredadera' que mantiene abierta una pieza separada por presunta corrupción en la ciudad maragata.
Pero Arsenio García sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, negándose a contestar a las que pudiera tener la jueza o el resto de abogados de las defensas o la acusación popular, que ejerce Izquierda Unida. Es la misma estrategia que han seguido otros imputados, que también se han negado a contestar a nadie que no fuera su propio abogado. El exalcalde ha respondido a las preguntas preparadas por su letrado durante algo más de una hora, siendo uno de los acusados clave de este caso que se inició con una operación policial en el verano de 2018, cuando fue detenido y pasó una noche en sede policial.
El testimonio del exalcalde era uno de los más importantes de la ronda de una veintena de declaraciones que ha adoptado la jueza del caso, aunque varios de estos testimonios han sufrido retrasos y los de los empresarios considerados cabecillas, José Luis Ulibarri y Ángel Luis García 'El Patatero' han sido pospuestos para el 2021. En la comparecencia ha sido llamativa la ausencia total de la Fiscalía de León, que fue quien inició el caso en una investigación en Cataluña, aunque sobre esta pieza se pronunció hace un año reclamando su archivo, que se ha mantenido viva gracias a la jueza instructora y la acción de la acusación popular.
Según fuentes judiciales García dedicó su declaración a defender la gestión de su mandato municipal (2015-2019), descargando además en el personal técnico del ayuntamiento de Astorga la gestión de los contratos, incluidos aquellos bajo sospecha de amaño que se investigan judicialmente. Según García las decisiones las tomaba en función de las decisiones de los técnicos, de cuyas recomendaciones, arguyó, nunca se apartó.
El exregidor popular aprovechó su presencia en el juzgado para justificar las decisiones de su mandato recalcando que siempre actuó queriendo “lo mejor para Astorga”. Arsenio García ratificó ante la jueza otras declaraciones anteriores realizadas en la causa pero no mencionó en ningún momento sus relaciones con los empresarios considerados cabecillas -Ulibarri y García- ni dio explicaciones sobre algunas de las polémicas conversaciones telefónicas que mantuvo y que figuran como pruebas de presuntos delitos en la causa.
El exalcalde, así como los concejales Manuel Ortiz y Javier Guzmán, tuvo intervenido sus teléfono dentro de la acción judicial contra presuntas irregularidades en contratación desde enero de 2018 hasta julio de 2018, cuando tuvieron lugar las detenciones.
La Fiscalía Anticorrupción aseguraba en un informe del 25 de junio de 2018, días antes de la operación, que de las conversaciones intervenidas en Astorga “se acredita la relación que mantiene Angel Luis García Martin con el Alcalde de Astorga, Arsenio Garcia Fuertes, y con uno de los concejales de dicho consistorio, Manuel Ortiz, con los que mantienen reuniones y ”hablan como empresarios// y ello con objeto de obtener adjudicaciones irregulares de 11 obras“. Según aquel informe elaborado por la Fiscalía para ordenar los registros y detenciones se daban instrucciones ”sobre el modo de acceder a ellas (obras) en detrimento de empresas que no son de la zona, así como el control por parte de los empresarios de los pliegos de condiciones de contratación de obra pública“. Además se destacaba que ”también consta el control de medios de comunicación locales, a los que los políticos pagan con objeto de que los contenidos publicados les sean favorables, fundamentalmente en periodos electorales“.
Sobre ninguna de estas cuestiones respondió el exalcalde, que llegó a calificar como “mafia” la operativa de los empresarios implicados en la trama Enredadera en una conversión interceptada. La Fiscalía de León, sobre la que recae la acusación pública, no hizo presencia en la declaración para poder preguntar sobre las cuestiones que sus compañeros de Anticorrupción planteaban hace dos años.
A la declaración de García le seguirán en las próximas semanas otras de imputados y testigos conformados por expolíticos, empresarios y personal del Ayuntamiento de Astorga. Todo para intentar aclarar si hubo presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos por funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad de documentos públicos, fraude a la administración pública e inducción para cometer los anteriores delitos, la ristra que inicialmente barajaba la investigación 'Enredadedera' en el consistorio maragato.
