La Justicia anula la venta de parcelas en Navatejera destinadas a la polémica central de biomasa promovida por la Junta
La Justicia ha anulado la venta de las parcelas de la Junta Vecinal de Navatejera a Somacyl, una sociedad pública dependiente de la Junta de Castilla y León, donde se iba a ubicar el polémico proyecto de central de biomasa que iba a generar una red de calor para el municipio y León.
El Tribunal Superior de Justicia ha rectificado una sentencia previa del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 1 de León y da la razón a la asociación Afubiona, que había denunciado presuntas irregularidades en la venta de estas parcelas para el proyecto energético. El precio pagado fue de apenas 50.000 euros cuando un informe valoraba en siete veces más el precio de las fincas. El TSJ señala que el convenio firmado para avalar la venta entre Somacyl, el Ayuntamiento de Villaquilambre y la Junta Vecinal de Navatejera “no puede en modo alguno suponer una suerte de 'casta blanca' para que la Junta Vecinal enaneje su patrimonio sin sujeción a la legalidad vigente”.
La resolución judicial, de un caso llevado por el despacho Cordal Abogados, supone un mazazo más a este polémico proyecto, que llegó a Navatejera tras ser rechazadas sus ubicaciones iniciales en la ciudad de León. El proyecto de central de biomasa forma parte de un impulso que dio la Junta a esta energía con numerosos proyectos, muchos envueltos en la polémica. A nivel municipal su tramitación se encontraba paralizada ya que fue una condición impuesta en el acuerdo multipartito para que el PP y su alcalde, Manuel García, volvieran al poder municipal.
El TSJ se basa en que “existían relevantes discordancias en las parcelas vendidas” y aprecia que el precio de las mismas podía estar fijado erróneamente. La sentencia da la razón a los afectados en este punto, destacando la vecindad de estas parcelas con el Seminario de León, la existencia de viviendas a 100 metros, una parada de autobús a 300 metros y una carretera nacional a 600 metros.
Este pronunciamiento “hace justicia tras cuatro años de lucha en los Tribunales” y “debe ser la puntilla que entierre definitivamente a este proyecto contaminante, inasumible e ilegal”, han afirmado los abogados Víctor A. Bayón y Gracia F. Caballero que han dirigido la demanda.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que Afubiona llama “a no bajar la guardia”, agradeciendo a todos los colaboradores que han hecho posible mantener estas actuaciones judiciales durante años, así como al despacho Cordal Abogados que ha llevado este juicio.
