86 municipios leoneses se verán afectados por las Normas Urbanísticas Territoriales de la Junta

Juan Carlos Suárez-Quiñones, Eduardo Morán, Ester Muñoz y María Pardo. // Campillo / ICAL

Elena F. Gordón / Agencia ICAL

“Suponen una avance para el desarrollo económico, la lucha contra la despoblación y el apoyo al medio rural”. Así resumió el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el efecto que tendrá las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT) para los 86 municipios leoneses que se beneficiarán de su puesta en marcha, prevista para el segundo semestre del próximo año, y cuya aprobación inicial publica hoy la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo en el Boletín Oficial de Castilla y León, Bocyl.

Suárez-Quiñones presentó hoy su contenido a los alcaldes afectados junto al presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, que ejerció de anfitrión y comentó que las NUT permitirán el desarrollo urbanístico que hasta ahora ven limitado los ayuntamientos que carecen de normativas y de herramientas propias, por lo que tenían que aplicar documentos de 1991 “y desde entonces han cambiado y evolucionado mucho las cosas”.

Su implantación supone, añadió, “un avance importante y evitar conflictos entre quienes quieren desarrollar una actividad”, por lo que espera que los alcaldes “tomen nota y hagan aportaciones para que tengamos las mejores normas” tras el periodo de alegaciones de tres meses que se abre ahora.

La carencia de normas específicas ha impedido, por ejemplo, la instalación de algunas empresas en estos territorios que ocupan 5.000 kilómetros cuadrados de la provincia de León y que suman unos 32.000 habitantes. “Son las que más tenemos que apoyar; son el eje de la lucha contra la despoblación y es donde necesitamos actividades económicas y que no haya cortapisas a cualquier tipo de actividad y empresa”, remarcó Suárez-Quiñones.

También recordó que cada ayuntamiento dispondrá de cartografía específica, identificación del territorio y otros datos “que aportan seguridad jurídica a la hora de emprender una actuación y también para el propio consistorio. Ha sido un trabajo ingente; hemos tardado años porque no es fácil”. Además, hizo un llamamiento para que se aporten alegaciones y poder así mejorar un texto que, dijo, incorporará las propuesta más “razonables y útiles”.

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