La plantilla de LM presenta la demanda colectiva contra la decisión de convertir en laborables fines de semana y festivos

Trabajadores en la factoría LM de Santo Tomás de las Ollas, en Ponferrada (León). / César Sánchez / ICAL

Infobierzo.com

La decisión de la compañía de convertir en laborables los fines de semana y festivos merma las percepciones por trabajar en estas jornadas, y además los trabajadores consideran que se “impone” fuera del acuerdo que sí lo posibilitaba entre 2015 y diciembre de 2018. La compañía, precisamente, alude a esta cláusula para amparar el cambio del calendario laboral.

“Tal cambio se debe a una imposición de jornada laboral flexible, basada en el acuerdo que expira el 31 de diciembre, y que la empresa se ha negado a negociar”, ha señalado la parte social en un comunicado.

“A esto hemos llegado después de haber agotado todas las vías posibles de diálogo, obteniendo siempre de la empresa una negativa como respuesta. Lo han impuesto sin negociaciones previas y sin aceptar una sola modificación de su proyecto durante el periodo de consultas”, explica Gabriel Garnelo, presidente del comité de empresa y delegado de USO.

Ahora el Comité de trabajadores ha interpuesto una demanda colectiva y esperan que los juzgados tumben esta modificación. En todo caso, tampoco descartan otras medidas de presión mientras se fecha la vista.

El límite temporal para una decisión que afecta más allá de 2018

El acuerdo al que se llegó en 2015, en pleno proceso de recuperación a través del Plan de Viabilidad que pretendía recuperar y estabilizar el empleo perdido, permitía a la compañía utilizar los festivos y fines de semana como días laborables, mediante un nuevo sistema de turnos. Su vigencia se limitó al 31 de diciembre de 2018 y la compañía se ha acogido al límite para 'activar' la cláusula, que se extiende más allá de esta fecha, por lo que los trabajdores creen que “era necesario renegociar sus condiciones”.

El fracaso en las negociaciones ha llevado incluso a a intermediación del Serla, sin resultados. “Nos hemos encontrado no solo con el rechazo a dialogar con la parte social, sino también ante los servicios de mediación de la Administración, el Serla”, apunta el Comité.

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