Ponferrada creará un contrato puente de hasta tres años para adaptarse a la gestión directa del transporte público
El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, presentó este miércoles la propuesta aprobada por la comisión especial que debate el modelo de gestión para el transporte público de la ciudad (el actual TUP, Transporte Urbano Ponferrada), que consiste en la puesta en marcha de un contrato transitorio de prestación de servicios a terceros por un período de dos años, prorrogable a un máximo de tres, durante el que se preparará la estructura del servicio para adaptarlo a un modelo de gestión directa. Según señala el informe de la comisión, el Ayuntamiento no asumirá inmediatamente la gestión del servicio debido a la “falta de experiencia de gestión de un servicio complejo”.
En ese sentido, el regidor explicó que el tiempo de vigencia de este contrato puente se usará como “periodo de adaptación”, en el que se adecuarán las plantillas, se crearán los órganos de gestión pertinentes y se llevarán a cabo las inversiones estipuladas. La intención de los responsables del Consistorio, aseguró Ramón, es no prorrogar el contrato de cara a la tercera anualidad, que se concibe como seguro ante la “complejidad administrativa” del proceso. “Nuestra voluntad clara e inequívoca es finalizar el mandato con la situación resuelta”, concluyó el alcalde.
En cuanto a una posible variación en el recorrido de las líneas existentes en la actualidad, Ramón avanzó que “de momento” los cambios serán mínimos, a la espera de las indicaciones que surjan del Plan de Movilidad que está previsto elaborar en este mandato y que contará con una partida específica en el próximo proyecto de presupuestos municipales.
Situación de alegalidad
Los autobuses urbanos prestan servicio desde 1962 en la capital del Bierzo a través de un contrato de concesión. Tras el vencimiento del último contrato, en marzo de 2012, el servicio se encuentra en situación de alegalidad, con un déficit de explotación superior al millón de euros anual. La actual propuesta surge de la comisión especial integrada por técnicos municipales y cargos políticos que estudia el modelo de gestión para este servicio y se aprobó con ocho votos a favor, entre los que se cuentan los de los técnicos, y las abstenciones de PP y USE Bierzo.
Al respecto, el informe señala que “la gestión directa es claramente menos costosa que la gestión contractual”, en concreto cifra la explotación bajo este modelo en 2,54 millones al año, frente a los más de tres millones de una gestión contractual. La comisión informativa de Movilidad debatirá el asunto en la sesión del día 26 de noviembre, antes de que la cuestión llegue al pleno ordinario previsto para el día 29.
Tras su previsible aprobación, se pondrá en marcha la elaboración del pliego de condiciones para la licitación del contrato transitorio, para el que el Ayuntamiento prevé que diversas empresas presenten sus ofertas. Si se cumplen los plazos previstos, en el segundo semestre de 2020 se habrá superado una situación de alegalidad a la que no han podido hacer frente los anteriores tres equipos de Gobierno, valoró Ramón.
Críticas del PP
El portavoz del PP en la ciudad e integrante de la comisión especial, Marco Morala, criticó que el acuerdo “garantiza mantener la actual situación de alegalidad durante el 2019 y seis meses del 2020”. En esa línea, el portavoz de los 'populares' lamentó que la propuesta aprobada “garantiza dos reconocimientos extrajudiciales de crédito” por los ejercicios de 2019 y 2020, pero no garantiza que se llegue a la gestión directa municipal.
Al respecto, señaló que este objetivo “dependerá de los análisis y resultados obtenidos durante el período transitorio”. Igualmente, Morala destacó la exigencia de la Tesorería municipal en su informe de que “en materia de personal deberán adoptarse las medidas necesarias para que no se utilice el periodo transitorio para mejorar las condiciones del personal por encima de las del Ayuntamiento en el que luego se integrarán”.
