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AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Silván conseguirá privatizar en este mandato por 20,8 millones y 10 años la luz de todas las calles de León

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento cree que ya no hay obstáculo técnico ni jurídico al contrato que hará desaparecer el área de alumbrado público, tras la retirada del enésimo recurso, que contó con el apoyo del PSOE y suma año y medio de retraso.

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Imagen de archivo de farolas en la capital leonesa.
C.J. Domínguez | 11/02/2019 - 11:04h.

El equipo de Gobierno del Partido Popular que preside el alcalde Antonio Silván podrá finalmente contratar a una empresa privada la gestión de la luz pública de todas las calles del municipio de León antes de que finalice el actual mandato, después de más de año y medio de retrasos causados por infinidad de impedimentos técnicos y jurídicos.

Un contrato que supondrá el pago de un total de 20,8 millones de euros por parte del Ayuntamiento de León, a razón de 2,07 millones cada año, hasta el año 2029, ya que la privatización de este servicio público suma un plazo de diez años, y que contó en su día para salir adelante con los votos del PSOE en la oposición, la abstención de Ciudadanos y UPL y las críticas de León Despierta (Podemos) y León en Común (IU).

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Salguero, confirmó el pasado viernes oficialmente que el último de los muchos escollos de esta privatización de la luz pública de León ya no existe, al haber retirado una de las empresas que aspiraban a hacerse con este suculento contrato (FCC) el recurso que mantenía ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), por no haber dispuesto de la misma documentación que la unión temporal de empresas en la que recayó la adjudicación definitiva, formada por OHL, Ingesán y Fermasa.

Salguero estimó que "a día de hoy, y que sepamos, no hay ningún otro impedimento", por lo que en cuanto el asunto tenga el visto bueno definitivo de "los servicios jurídico y técnico" se procederá a la contratación e inicio del contrato, en todo caso si no surge ningún otro susto antes de que en mayo se celebren las nuevas elecciones municipales.

El PP, desde que intentó privatizar este servicio, desde siempre público, casi al comienzo del actual mandato aduce que dejarlos en manos privadas supondrá realmente un ahorro económico a las arcas municipales, a pesar de que la renovación, mantenimiento y gestión saldrá finalmente por un coste de 173.241 euros al mes hasta el año 2029.

Qué se hará

Se prevé la renovación de poco más de 20.000 puntos de luz, la nueva instalación de 1.519 columnas de luz o farolas y la actualización de 150 puestos de mando repartidos por toda la ciudad. Los populares remarcaban también que la masiva sustitución de las actuales luminarias por otras de tipo Led implicarán un ahorro en la actual factura eléctrica de hasta el 75%, ahorro que conllevaría la ganancia para la UTE contratada.

La historia de esta nueva privatización, una más de las muchas acometidas en este mandato por el equipo de Gobierno de Silván, ha sido la historia de un problema tras otro. Inicialmente el PP anunció su impulso a través de un convenio con una empresa pública de la Junta de Castilla y León, Somacyl, pero informes en contra de los técnicos municipales en base a la normativa europea dieron al traste con esa posibilidad.

Rosario de recursos y de adjudicaciones, y nada en Fiscalía

Posteriormente, vino una denuncia ante la Fiscalía por parte del partido político Podemos, que lo consideraba un "pelotazo luminario", pero la Justicia ni siquiera lo admitió a trámite. A continuación, se concatenaron hasta tres adjudicaciones, tras sendas denuncias que por diversos motivos estimó el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), lo que obligó a rehacer hasta en dos veces los pliegos y revisar todos los procedimientos del contrato.

Otro 'daño colateral' de privatizar la iluminación pública es la práctica desaparición de la actual plantilla de alumbrado del Ayuntamiento, que apenas quedará en la mitad de la actual cifra, ya de por sí mermadísima en los últimos años, hasta quedarse aproximadamente en unos seis funcionarios.

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