Los defensores de la Plaza del Grano exigen al Ayuntamiento revisar su “posible expolio”
Las asociaciones leonesas Mocedá en Pie, Red Vecinal y los Guardianes de la Plaza del Grano han recibido con satisfacción el “relevante avance” judicial que ha tenido el caso por ellas impulsado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid respecto al “posible expolio” que a su juicio ha sufrido la patrimonial y valiosa Plaza del Grano del Casco Histórico de León con las controvertidas obras de reforma en la que el Ayuntamiento de León invirtió 600.000 euros en este mandato.
Se trata de la denuncia admitida por el TSJ y que requiere al Gobierno de España para que “en un plazo de cinco días proceda a dar emplazamiento al Ayuntamiento de León y a la Comunidad Autónoma de Castilla y León” para que se personen, “en el recurso como codemandados”, tal y como avanzaba ayer en exclusiva iLeon.com.
Los impulsores de la única vía judicial que va conseguido avanzar, y en la más alta instancia posible, aplauden el hecho de que “la Justicia va lenta pero avanza inexorablemente” y afirman que “más pronto que tarde habrá una sentencia sobre el asunto”, agradeciendo la colaboración desinteresada de las cientos de personas que están financiando estas actuaciones ante los Tribunales a través de un crownfunding, por lo que aseguran que no se rendirán.
Por eso, las asociaciones, a través de una nota de prensa remitida este martes, hacen un llamamiento “al nuevo Gobierno municipal que salga de las urna este domingo” 26 de mayo -en el que se celebran elecciones para elegir alcalde- “a ser crítico con las obras realizadas” y a “revisar con luz y taquígrafos el posible expolio cometido” en la Plaza del Grano, que ellos defienden con una serie de informes periciales que han aportado ante el TSJ y que “acreditan que los valores y protecciones de la plaza fueron dañados por las obras”.
Las tres entidades siguen manteniendo que “hubo vulneración de la Ley” que obligaba a la urgente intervención del Ministerio de Cultura para evitar “toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social”.
Se trata, como defienden ante la jueza que lleva este caso, de la “pérdida y destrucción que ya han denunciado reiterada y públicamente organismos independientes como el propio ICOMOS, el Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España, la Federación por el Patrimonio de Castilla y León o numerosos académicos y expertos en patrimonio cultural a título particular, además de los miles de leoneses que acudieron a las manifestaciones y concentraciones celebradas en los meses de febrero y mayo de 2017”, concluyen.
