Valerio promete solventar las diferencias en equiparación de las incapacidades permanentes totales con la discapacidad

El presidente de Conacee, Ángel Luis González, la ministra Valerio, el alcalde José Antonio Diez y el consejero de Empleo e Industria de la Junta, Germán Barrios / Carlos S. Campillo / ICAL

Miriam Badiola / ICAL

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, aseguró hoy en León que se llevará a cabo una modificación legislativa para solventar la diferenciación de la equiparación de las incapacidades permanentes totales con la discapacidad.

Según explicó Magdalena Valerio, como consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, aquellas personas que cobran una pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual, salvo que tengan reconocido un porcentaje de incapacidad superior al 33 por ciento por el centro base de la Consejería de Bienestar Social, no cubren el requisito para poder trabajar en el centro especial de empleo, por lo que “en cuanto el Gobierno esté en plenitud de funciones será uno de los temas a los que se dará salida”.

La ministra inauguró este jueves en la capital leonesa el XVII Congreso Nacional de Centros Especiales de Empleo, de los que resaltó que hacen una labor “importantísima” en el país, donde hay 2.111 centros que “hacen una labor para la integración laboral de las personas con capacidades diferentes”, ya que “el trabajo digno termina dignificando a las personas” y el tener un medio propio de vida hace que las personas adquieran autonomía y bienestar al sentirse útiles en la sociedad en la que pertenecen“.

Además, la ministra apostó hoy por una “lucha sin cuartel” contra “la economía sumergida y el fraude laboral, fiscal y a la seguridad social” porque son “actitudes absolutamente insolidarias” al ser “fundamental que todo el mundo contribuya con lo que tiene que contribuir para que haya servicios públicos”.

Así lo apuntó en relación al Informe de Pobreza publicado recientemente, según el que un cuarto de la población española se encuentra en situación de riesgo y más de la mitad tiene problemas para llegar a fin de mes, unos datos que consideró “negativos”, ya que “como sociedad nadie puede, ni debe ni quiere acostumbrarse a vivir con esos datos de pobreza”.

La ministra explicó además que hay un porcentaje de población “que en los últimos años de crisis han mejorado su situación económica”, mientras que “todavía hay un porcentaje muy importante de personas que incluso teniendo un trabajo son trabajadores pobres”, para lo que “se han implementado medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o velar para que haya más empleo de calidad”.

Para Valerio es necesario que haya “una redistribución de la riqueza” en una situación en la que “está pendiente también regular el ingreso mínimo” para “velar por que las personas en exclusión social sean tratados bien y puedan tener una vida digna”, algo que “se debe hacer desde la unión de la sociedad civil y las administraciones públicas”.

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