La renuncia de una adjudicación investigada en Enredadera fuerza a León a volver a licitar un contrato millonario

Ulibarri con el hoy exalcalde y senador Antonio Silván, flanqueados por Juan Martínez Majo.

Antonio Vega

El Ayuntamiento de León tendrá que volver a licitar y contratar este año uno de sus servicios privatizados más millonarios: la ayuda a domicilio.

Tendrá que volver a hacerlo tras aceptar hace un mes el nuevo equipo de Gobierno del PSOE la renuncia presentada por la empresa Aralia, actual adjudicataria de este caro servicio de atención social, a un contrato que le fue adjudicado a la compañía vinculada al empresario José Luis Ulibarri por 8,4 millones de euros (sin IVA) bajo gobierno municipal del PP, contrato que la UDEF de la Policía Nacional puso en el punto de mira de la trama Enredadera.

Aralia planteó a finales del pasado año al Consistorio la renuncia a continuar prestando este servicio. Y aunque el Ayuntamiento tiene la prerrogativa de forzar su continuidad, ya que se había firmado en 2018 por dos años más otros dos de prórroga, lo cierto es que se ha aprobado zanjarlo ya.

De hecho, la Concejalía de Bienestar Social y Juventud ya se encuentra elaborando nuevos pliegos de un nuevo contrato de ayuda a domicilio, calculando que el plazo de Aralia expira en marzo de 2020, aunque podría haberse forzado hasta 2022.

Este contrato del servicio de ayuda a domicilio había sido decidido a favor de Aralia, empresa vinculada a Ulibarri y su familia, bajo el anterior mandato del alcalde popular Antonio Silván. La mesa de contratación, no sin controversias, decidió su contratación a finales de 2017 y se formalizó en marzo de 2018.

Cinco empresas y una mejora enorme

Aralia se había alzado con este servicio social, uno de los contratos más caros del Ayuntamiento leonés, en un concurso muy ajustado al que se presentaron cinco empresas en total. Rivales de la compañía finalmente contratada fueron la también leonesa Carflor, que había sido el anterior adjudicatario, Sanivida, Claros y Caser, esta última con grandes opciones en la apertura de plicas.

Aralia finalmente se alzó con la adjudicación in extremis con la presentación de una mejora del contrato que hizo decantar la balanza, forzando a una nota aclaratoria final, por la que ofrecía dentro del apartado de “limpiezas extraordinarias” de algunos domicilios, como por ejemplo en casos de síndrome de Diógenes, una cantidad abrumadora de horas que sus rivales cuantificaban en muchas menos. 12.000 prometió entonces por escrito Aralia, frente a 300 de Carflor o 40 de Sanivida, por ejemplo. Cabe recordar la encarnizada rivalidad existente entre la empresa del entorno de Ulibarri y Carflor.

Fuentes del sector consultadas explican que los precios y condiciones forzados por Aralia pudieron haber sido “excesivamente ajustados”, comprometiendo la rentabilidad final del contrato e incluso pudiendo provocar algunas pérdidas, como ya había ocurrido con Carflor. Ese complejo ajuste económico estaría detrás de las razones ahora esgrimidas por la empresa adjudicataria para abandonar la prestación del servicio, como el Consistorio finalmente le ha permitido.

Bajo sospecha Enredadera

Nada de esto sería demasiado destacable si no fuera porque este contrato y la adjudicación a esta empresa fue una de las que más llamó la atención cuando en julio de 2018 saltó la llamada Operación Enredadera que, entre sus primeras medidas, en lo tocante a León, se saldó con el encarcelamiento fulminante de José Luis Ulibarri y un pormenorizado registro de varias dependencias del Consistorio leonés, imputándose penalmente al primero y también a un concejal del equipo de Gobierno del PP y varios técnicos municipales.

Todos ellos a día de hoy están exonerados de momento en la causa tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de archivar la misma a finales del pasado año, sin haber llamado a declarar a ninguno de ellos, motivo por el que este archivo ha sido recurrido por la acusación particular. Una causa judicial que sí continúa su recorrido en el Juzgado en el que nació la operación hace tres años, el de Badalona.

Pero el contrato de la ayuda a domicilio fue uno de los que más llamó la atención de los investigadores policiales de la UDEF que actuaron desde 2016 bajo las instrucciones judiciales de Badalona, 'pinchand numerosos teléfonos, entre otros los del propio Ulibarri.

Fruto de estos 'pinchazos', se pudo saber que el empresario leonés estaba muy satisfecho con el alcalde Silván del PP por esta adjudicación, al contrario que la que esperaba obtener de la Diputación de León también de la ayuda a domicilio y que acabó consiguiendo su empresa rival.

El día 1 de febrero de 2018, el poderoso empresario habla con una de sus hijas mientras ésta se encuentra sentada en un acto oficial junto al presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo.

- Adriana: (...) Yo le digo 'pues mi padre está muy enfadado, llámale' (...), sí, yo le he dicho que estabas muy enfadado.

- José Luis Ulibarri: Claro, pues es que lo estoy

- A.: Y que dice y me insiste, “es que no se por qué”, “es que no sé porque”.

- JLU.: Pues que mire el contrato quien lo tiene, es muy sencillo...

- A.: Se lo ha dado a otro, no?

- JLU.: A Carflor y a Seralia, entonces que quiere, que esté contento? Estaré contento con el alcalde (de León, Antonio Silván), Estaré contento con el alcaldeque nos lo hemos llevado nosotros. (La negrita es literal del informe de la UDEF).

Ese informe firmado por un alto responsable policial de la unidad de investigación el 4 de junio de 2018 y dirigido al Juzgado nº 1 de León que instruye parte de la causa Enredadera, tiene claro que Ulibarri se refiere “al contrato del mismo objeto pero licitado por el Ayuntamiento de León, que sí ganó el hólding de Ulibarri, Aralia Servicios Sociosanitarios SA, por valor de 8,8 millones de euros”. Por la cuantía y la fecha, dan por bueno que se trata del ansiado contrario de la ayuda a domicilio en León que en breve se rescindirá.

Ante esta situación, el equipo de Gobierno del Consistorio leonés ha optado por el silencio ante las preguntas de este medio por una situación que fuerza a una nueva contratación en tiempo récord del servicio de ayuda a domicilio.

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