El denunciante de la mina El Feixolín contra Victorino Alonso recurrirá una sentencia “escasa”
La sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de León, sobre la explotación minera a cielo abierto de El Feixolin, en Villablino, que condena a dos años y seis meses de prisión al empresario Victorino Alonso, ha dejado “satisfecho a medias” al principal impulsor del procedimiento judicial, el industrial lacianiego Antonio Arias Tronco.
Ahora ya jubilado, ve cómo por fin se ha emitido al menos una primera sentencia contra una tropelía por la que lleva pleiteando contra el gran magnate del sector minero desde hace dos décadas y media. “He tardado 25 años pero, al final, he conseguido que el tribunal me diera la razón”, algo que sí le satisface personalmente.
Sin embargo, tras analizar el contenido de 124 folios de la resolución judicial, considera “escasa” la sentencia de la Audiencia contra el principal acusado Victorino Alonso, como máximo responsable de la empresa explotadora del yacimiento, la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Y por eso, ya anuncia que presentará un recurso judicial de casación.
El fallo del tribunal impone una pena de dos años y medio de cárcel para Alonso y unas sanciones económicas a las que deberá hacer frente para la reparación del daño ambiental causado, aunque aún sin cuantificar económicamente, así como una multa total de 8.500 euros y una indemnización por daños a Arias Tronco de 135.000 euros.
Por otro lado, los otros dos acusados en el caso, el ex alcalde de Villablino de Izquierda Unida, Guillermo Murias Andonegui, y el entonces directivo de MSP, José Tascón González, resultaron absueltos de los cargos que se les imputaban.
La Audiencia rebaja sustancialmente la petición de penas inicial, de ocho años de prisión, al desestimar sendos delitos contra la ordenación del territorio y la ordenación urbanística, tras haber sido imputado tras la denuncia del industrial lacianiego por la construcción de unas naves en terrenos no urbanizables y sin licencias, así como ningún tipo de autorización.
Arias, curtido ya en una larga espera judicial, tiene claro que va a tratar por todos los medios legales, “yo personalmente, y mi familia si yo me muero”, de que el empresario condenado pague todos los gastos de reparación de daños que le impone el fallo. Y que no va a permitir que se ampare en su “conocida coletilla de la insolvencia” que le ha servido como excusa en la última condena en su contra, la de la Audiencia Provincial de Huesca por la destrucción de un conjunto neolítico en Chaves, que finalmente quedó en dos años de prisión por los que no ingresará en la cárcel y 25,5 millones de euros de indemnización de los que aquel tribunal le eximió por “tener embargada parte de su pensión”.
Insolvencia “fraudulenta y ficticia”
Para Arias Tronco, “la insolvencia” en que se ampara para no pagar en otros casos, “es fraudulenta y ficticia”. “No es comprensible que quién tiene decenas de empresas, en España y en el extranjero, con constructoras con delegaciones en Francia, Marruecos, Portugal o Chile”, también “empresas en el este de Europa, que viaja en coches de más de 100.000 euros, vive a cuerpo de rey y tiene un chofer particular, sin embargo le hayan permitido dejar deudas a todo el mundo, a Hacienda, a la Seguridad Social y a los trabajadores”, comenta visiblemente enfadado.
Según su relato, ese conglomerado de empresas las controla el empresario directa o indirectamente “a través de testaferros”. Algunos son administradores únicos de hasta diez sociedades, todas domiciliadas en dos o tres direcciones de Madrid, en calles Ríos Rosas, Quevedo o Aduana, explica.
Por todo ello, considera que Victorino Alonso, al contrario de “insolvente”, es “una persona multimillonaria y está riéndose de los españoles y de la Justicia”.
Eso por no contar, añade Tronco, que es “propietario o a través de interpuestos de grandes fincas de caza de miles de hectáreas en Extremadura y Aragón, donde organiza cacerías a las que invita a empresario y políticos”, entre ellos “José Luis Rodríguez Zapatero, con el que tiene amistad, o también con Alberto Ruíz Gallardón”, asegura.
Para él, son datos suficientes, aunque “pienso recabar más”, para anunciar la presentación de una nueva denuncia ante la Fiscalía: “Ejerceré todas las acciones legales para que pague, no solo a mí si no también la reparación de todos los daños causados”, zanja.
Y como otra parte importante de su valoración de todo este larguísimo caso, el hostelero lacianiego guarda aún un mensaje para la población de la comarca de Laciana, una buena parte de la cual, recuerda, le “puso todos los medios a su favor, le regalaron fincas, porque se las vendieron a precios irrisorios, y ahora se quejan de que sólo ha dejado mierda”.
Aún más, Arias Tronco incluso lamenta a todos aquellos que “hicieron de esbirros para Victorino, ayudándole en sus objetivos y tratando de amargarnos a los que nos oponíamos a sus tropelías”, demostrándose aunque mucho tiempo después que no sólo las cosas no se hicieron nada bien, como él siempre denunció, sino que la herencia del empresario minero en la comarca es una herencia miserable y de destrucción.
