Asaja insiste en que Diputación ponga fin a la “ilegalidad manifiesta” del nuevo reparto de ayudas a las OPAs
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de León ha presentado este viernes un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de la Diputación de León en el que insta a la nulidad de las bases de convocatoria de las ayudas a las organizaciones agrarias y cooperativas publicadas en Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 10 de noviembre.
Con este acto, el sindicato agrario insiste en considerar que “están dirigidas para perjudicar a la principal organización agraria de la provincia -es decir, a la propia Asaja- y beneficiar a Ugal-Upa, cuyo secretario general es a su vez vicepresidente primero de la Diputación”, en referencia a Matías Llorente.
Una afirmación para la que la Asociación señaló que en el marco anterior de las ayudas, “con un reparto basado sobre todo en los resultados de las elecciones agrarias”, Ugal y su cooperativa Ucogal recibían 29.255,14 euros al año y Asaja 42.800,16 euros, mientras que con el nuevo sistema de reparto Ugal y Ucogal recibirán 40.000 euros y Asaja 20.000 euros, a pesar de tener una representatividad del 50,27 por ciento frente al 27,69 por ciento de Ugal, aseguran.
Para Asaja es “evidente” que el secretario general de Ugal-Upa y vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente, “ha utilizado su condición de ser la llave en la gobernabilidad de institución, para modificar la convocatoria de las ayudas en su propio beneficio”.
Asimismo, criticaron que “ni tan siquiera se ha preocupado de cuidar las formas, por lo que la desfachatez ha llegado hasta ser él quien presidiera de forma accidental la Junta de Gobierno del 30 de octubre que aprobó la convocatoria y que entre los ocho miembros del órgano de gobierno se encontrase también la diputada de Desarrollo Rural y Transición Ecológica, Avelina Vidal, afectada igualmente por conflicto de intereses como miembro destacado de la comisión ejecutiva de Ugal-Upa”.
Para la Asociación Agraria “no hay duda” de que Matías Llorente y Avelina Vidal “han sido partícipes de una ilegalidad manifiesta con un fin lucrativo a favor de la cooperativa y el sindicato agrario al que pertenecen y de cuyos órganos de gobierno forman parte”.
Por estos motivos, dejan abierta “la vía judicial para restituir la legalidad y la justicia en el reparto de las ayudas agrarias si no se atiende el recurso” también la legal “para reclamar responsabilidades penales”. La misma vía con la que amenazaron tanto el propio Matías Llorente como el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, cuando la semana pasada Asaja le llamó “prevaricador” al primero y “cooperador necesario para delinquir” al segundo.
