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La Ley de Transporte público de viajeros ralentiza su tramitación en las Cortes con el veto de PSOE y Cs

Luis Fuentes (C's) rechaza un texto caduco redactado en 2012 y los socialistas creen que no se aprovecha para luchar contra la despoblación.

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Ical | 23/09/2018 - 14:33h.

El proyecto de Ley de Transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, remitido a las Cortes por el departamento del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, retrasa su tramitación en la Cámara con el veto de los grupos Socialista y de Ciudadanos, que han registrado sendas enmiendas a la totalidad y de devolución al Ejecutivo, a lo que se une la prórroga pedida por IU. El PP asegura, ante ese escenario, que "negociará hasta el final" para que sea aprobada en este mandato.

El camino parlamentario de la que se considera por la Junta como una de las leyes más importantes de esta legislatura (2015-2019), comprometida en su investidura por el presidente Juan Vicente Herrera, no se presenta fácil ni despejado. El primer filtro será superar las enmiendas a la totalidad de socialistas y naranjas, que deben debatirse en un pleno. Sin embargo, no está en peligro en ese paso que sea tumbada y devuelta al Gobierno, puesto que en caso de empate entre los escaños del PP y de los grupos de la oposición -cada bloque suma 42 escaños- el texto de la oposición no prosperaría, pero sí aumentaría el tiempo de su trámite legislativo.

La ley entró en las Cortes el pasado mes de julio, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno. El consejero de Fomento y Medio Ambiente la presentó como una norma de peso para asentar la movilidad del siglo XXI, un asunto de Comunidad para el que confió en contar con el consenso de los grupos, ya que explicó que ha negociado con ellos, en particular con el Socialista, y con el sector.

Desde el primer momento, Cs tuvo claro que no responde a las necesidades actuales y futuras de la Comunidad, con lagunas en el transporte a la demanda, conducción autónoma, medio ambiente, ausencia de un proyecto para el ferrocarril o acciones para reducir el transporte de mercancías por carretera. "Había que devolver la ley a los corrales, no es merecedora de que se debata", explicó de manera gráfica su portavoz, Luis Fuentes, a Ical.

No dejó ahí la crítica de su grupo, que va a trabajar "por tumbarla", sino que advirtió de que el consejero ha presentado un texto caduco, que "tenía en un cajón desde el año 2012", a la vez que rechazó que haya habido negociaciones con su partido. Más aún, aseguró que no van a "perder el tiempo" con enmiendas parciales y se centran en la de totalidad.

"Tenemos claro que vamos a ir hasta el final", recalcó Fuentes, si bien precisó que el consejero es conocedor de la posición de Ciudadanos porque fue informado, ya que la enmienda a la totalidad con devolución a la Junta se registró en julio. Aunque el Grupo Socialista se ha sumado a última hora, el portavoz naranja no duda que negociarán para su aprobación en el pleno. "Habrá un pasteleo", aventuró, convencido de que el PSOE "siempre saca las castañas del fuego al PP, y por eso lleva tanto tiempo en la oposición".

En su enmienda, los socialistas aducen que la ley no da respuesta a las "verdaderas necesidades" ciudadanas del conjunto del territorio; carece de soluciones a las "arraigadas deficiencias" existentes en el transporte de viajeros por carretera; no garantiza el transporte en las entidades locales menores y pueblos, y no se aprovecha este instrumento normativo para luchar contra la despoblación.

Ni se entiende, ni justifica

El deseo de consenso del consejero está lejos en este momento. La portavoz de Fomento del Grupo Popular, Isabel Blanco, así lo reconoció, aunque también confió en acercar posiciones cuando la ley llegue a ponencia y comisión. Sin embargo, expresó la "sorpresa" de su grupo por la decisión de la oposición socialista. "No lo entiendo, ni se justifica, era una ley en principio consensuada", lamentó, para subrayar que en ella se recogen las propuestas del sector y el contenido de una moción socialista.

Blanco afirmó que los socialistas tendrán que explicar por qué enmiendan ahora a la totalidad esta ley, que calificó de "muy importante" para el sector y para los ciudadanos, y recalcó que ellos van a "negociar hasta el final" para que se apruebe antes de que termine la legislatura. "Esto es como acaba, no como empieza", remarcó.

En la moción socialista, aprobada hace un año, se aboga por el consenso de todos los actores implicados, por planes de movilidad sostenible, por la nueva categoría de transporte rural, por el desarrollo del mapa de rutas y frecuencias y por impulsar el concepto jurídico de estación de autobuses para obtener tal condición. Según la popular, el texto de Fomento ha tenido en cuenta esas propuestas, así como las planteadas por sectores como los concesionarios de autobuses o del taxi.

Durante la presentación del proyecto, Suárez-Quiñones sostuvo que lo rural y lo urbano se complementan, dado que Castilla y León cuenta con más de 6.000 núcleos de población, más de 150 operadores y 300 títulos concesionales de transporte. También, recordó que el 80 por ciento de la población vive en el 12 por ciento de los municipios, mientras que en el 88 por ciento de los municipios reside el 20 por ciento de los habitantes de la Comunidad.

Estas peculiaridades socio-territoriales motivan el reconocimiento por primera vez del transporte público de viajeros por carretera como un servicio esencial y universal en todo el territorio de la Comunidad Autónoma en donde haya un asentamiento fijo de población, convirtiendo la movilidad en un instrumento decisivo en la lucha contra la despoblación, según Fomento.

Otro de los elementos destacados por el consejero es que se pone al ciudadano en el primer plano al regular, por primera vez, un catálogo de derechos de las personas usuarias y tiene en consideración la visibilización de las personas de movilidad reducida para la adecuada integración de su movilidad en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte.

Precisamente, la Mesa de las Cortes ha ampliado el plazo de presentación de enmiendas hasta el 2 de octubre, a petición del portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU).

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