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ActúaCyL considera que el acuerdo sobre minería no asegura la supervivencia de las comarcas mineras

Critican que el plan social no beneficie a los trabajadores de las contratas y subcontratas.

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César Sánchez / Ical. Un guante permanece abandonado en una ventana de la mina del pozo Casares en Tremor de Arriba (León), una de las últimas minas de interior en cerrar en la comarca del Bierzo.
Ical | 28/10/2018 - 15:07h.

Actúa Castilla y León considera que el acuerdo marco firmado entre sindicatos y Gobierno sobre la transición de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las cuencas mineras para el período 2019-2027 es "seguidista respecto a las políticas anticarbón del PP e insuficiente para asegurar la supervivencia de esos territorios".

El partido impulsado pot Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón considera que la "descarbonización exprés" sin alternativas para las cuencas da el último paso con la firma de este acuerdo, impuesto a los sindicatos por el PSOE como lo fue el Plan del Carbón 2013-2018 diseñado por el PP. La única diferencia entre la gestión del PSOE y Podemos y la del PP, señalan en un comunicado, es que las razones de la liquidación del carbón son diferentes.

Los primeros, señalan, actúan desde un "falso ecologismo, que tolera la importación de mineral para alimentar las térmicas de carbón de sangre del exterior, mientras permite el cierre de aquellas adaptadas al mineral autóctono, al tiempo que cuestiona la autonomía del Estado al sacrificar la única fuente de energía propia, aparte de las renovables". Los otros, añaden, obran "al dictado de las puertas giratorias y los intereses de las multinacionales eléctricas que imponen sus intereses a los gobiernos y han decidido acabar con el carbón en favor del gas y el mineral importado".

En todo caso, aputan, el plan de cierre se consuma y el Gobierno tan sólo cede "en las migajas de procurar una prejubilación digna a los mineros incluidos en el régimen especial del sector, dejando fuera a las subcontratas, que en muchos casos han provocado la situación incluyendo a sus trabajadores en el régimen de la construcción o el transporte". Actúa cree que cualquier minero, dependiera del convenio que dependiera, debe beneficiarse de las nuevas condiciones de prejubilación.

Al mismo tiempo ven insuficiente la cifra de 250 millones, 50 anuales, para incidir en políticas que, dicen, ya fracasaron desde que se anunció el Protocolo Eléctrico a finales del siglo pasado. Incentivar la inversión privada -afirman- no funciona, porque la inversión pública no existe o nunca se dirige a desarrollar el Plan Industrial alternativo que necesitan las cuencas.

Argumentan que sería clave que Hunosa se hiciese cargo de las concesiones mineras hasta ahora en manos privadas para dotar al Estado de un cupo estratégico permanente de carbón autóctono. Cualquier Gobierno con una política energética seria, subrayan, optaría por esta medida sino actuase por prejuicios interesados (intereses empresariales) o prejuicios ideológicos para conseguir votos en las grandes ciudades.

Esos 250 millones, dicen, deben duplicarse; el Gobierno central debe coordinarse con las comunidades autónomas y pactar planes de empleo reales, fundamentados en un proceso de reindustrialización e I+D+i, con la Ciudad de la Energía y la Fundación Santa Bárbara como piedras angulares.

"El carbón no sólo se quema en centrales térmicas, también en estufas de casas y permite el aprovechamiento del grisú y el metano para usos industriales. Sólo con mantener las minas abiertas y el enorme potencial industrial del grafeno en el futuro podría dar vida a las cuencas, siempre que se aproveche los existente, que no es el caso de este plan, para crear empleo alternativo fundamentado en un sector industrial público, que es justo lo que no se quiere hacer", concluyen.

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