El TSJ valora elevar al Constitucional la argucia legal de la Junta para permitir la caza
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dado este jueves traslado a las partes, el Partido Animalista Pacma y a la Junta de Castilla y León, así como al Ministerio Fiscal, para que los tres se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza,.
Esa modificación fue aprobada el pasado mes de marzo en el Parlamento Autonómico, con los votos favorables de PP, PSOE, Ciudadanos y UPL, la abstención de Podemos y la ausencia del hemiciclo del parlamentario de Izquierda Unida.Caberecordar que esa nueva Ley tramitada con una urgencia jamás vista en las Cortes de Castilla y León era una argucia legal para evitar la suspensión de la caza que había decretado por sentencia el propio TSJ al encontrar en un decreto de la Junta numerosas irregularidades administrativas y de tramitación.
Cabe recordar que esa suspensión cautelar está pendiente de ser confirmada o revocada por la Sala, que tiene que resolver el recurso de reposición interpuesto por la Administración autonómica.
De momento la Sala no adopta una decisión definitiva pero en la argumentación que acompaña a la petición de que las tres partes se pronuncien sobre la idoneidad o no de que decida en Constitucional sí estima el Alto Tribunal que la modificación de la Ley de Caza, a juicio de los magistrados, podría impedir la ejecución y cumplimiento por parte de la Administración de la anterior resolución judicial por la que se suspendía cautelarmente la práctica de la caza en Castilla y León y condicionar la resolución de ese recurso contra la suspensión interpuesto por la Administración.
Ante esta situación, la Sala dictó el pasado día 7 de mayo una providencia en la que pregunta a las partes y al Ministerio Fiscal si procede elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en la medida en que “la resolución del recurso de reposición se ve afectada por el nuevo marco normativo surgido con la modificación de la Ley de Caza y no puede ser desconocido a la hora de resolver el citado recurso de reposición, porque la medida cautelar se proyecta hacia el futuro, durante la sustanciación del proceso”.
Esta providencia es un trámite obligado y no prejuzga la decisión final que adopte la Sala tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal, sobre si envía o no el asunto al Constitucional.
El consejero 'dispara' contra Pacma
Sin embargo, ha bastado esta novedad judicial para que el todavía consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, juez en excedencia, renueve sus ataques contra Pacma, de quien partió la denuncia inicial, acusando a los animalistas de “desvirtuar y falsea las informaciones judiciales para tratar de plantear una realidad que no existe”.
El consejero aseguró que desde la Junta se entiende que “no cabe” elevar una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza, ya que “lo único que se hace es abrir un trámite de alegaciones y que se opine al respecto, por lo que evacuaremos en ese trámite de audiencia nuestros informes, que serán negativos, al entender que no cabe ese planteamiento”, aseveró.
Por lo tanto, una vez que se ha dado traslado de esta petición a los animalistas de Pacma, a la Junta y al Ministerio Fiscal, el consejero sostiene que “no hay ninguna decisión final” del TSJ sobre la Ley de Caza. “Tiene que plasmarse en un auto fundado y recurrible que no ha sido dictado y por tanto es falso lo que Pacma dice y que desvirtúa y falsea las informaciones judiciales para tratar de plantear una realidad que no existe”, señaló.
En todo caso, explicó que si el TSJ decidiera plantear una cuestión de inconstitucionalidad “que es un mecanismo ordinaria que está ahí, el Tribunal Constitucional tendrá que tomar la decisión oportuna, pero lo cierto es que la caza está vigente en Castilla y León”.
Además, significó que la opinión de instituciones de la Comunidad para la modificación de la ley “ha sido determinante para evitar enormes perjuicios, no solo los económicos, sociales y tradicionales, así como para la sanidad animal, la salud pública y el propio sostenimiento de las especies, que es lo que tenía que defender el Pacma y defiende lo contrario”.
La Junta pide explicaciones
En la polémica tercio también hoy el vicepresidente y portavoz del Gobierno del PP en la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, consideró “un poco absurdo” que se permita cazar en otros territorios como Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía y se prohíba en Castilla y León. “Alguien tendrá que explicarlo”, reiteró, obviando que fueron las irregularidades en la tramitación por parte de la Consejería las que motivaron la sentencia del TSJ.
El portavoz reclamó hacer una “reflexión” para saber “qué pasa” en Castilla y León en el tema de la caza. “Pedir explicaciones no es una falta de respeto pero alguien tendrá que decir por qué ocurre esto en la Comunidad y no en otros territorios”, sentenció. Por último, mostró su convencimiento de que la caza continuará en la Comunidad y apuntó que, “hasta donde yo sé, el traslado de la nueva ley al Constitucional no paraliza la práctica cinegética en la región.
