Un juzgado investiga si las primarias del PP que encumbraron a Mañueco estuvieron 'compradas' ilegalmente

Antonio Silván 'choca los cinco' con Alfonso Fernández Mañueco, el ganador del proceso de primarias del PP en 2017 y nombrado por ello secretario regional. Foto: Rubén Cacho / ICAL

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha decidido incoar diligencias previas para investigar los posibles delitos de coacciones, financiación ilegal de partidos políticos y falsedad documental en documento oficial en el proceso de elecciones primarias del Partido Popular de Castilla y León que ganó en 2017 Alfonso Fernández Mañueco, a costa de una enorme derrota al leonés Antonio Silván. Un caso se ha iniciado tras la presentación ante la Fiscalía, que la admitió a trámite, de una denuncia anónima en la que se señalan tales hechos y que ahora el juzgado tramita.

Según recoge el auto de hoy, dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, la decisión de incoar diligencias previas se lleva a cabo tras la recepción en el Decanato de los Juzgados de Salamanca de la denuncia de un particular en la que relata hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y falsedad de documento oficial en las elecciones primarias del Partido Popular de Castilla y León de marzo de 2017.

La denuncia de la que parte este caso, que acorrala a Mañueco en plenas negociaciones con Ciudadanos para intentar presidir la Junta de Castilla y León con su apoyo, declara que en el PP de Salamanca que presidía el propio Fernández Mañueco se pidió dinero a los afiliados, y presuntamente se complementó “con dinero en B conseguido de comisiones ilegales”, para ampliar el censo de posibles votantes en el proceso de primarias. Cabe recordar que todos ellos tenían que estar a corriente de pago para poder emitir el voto bien a favor de Mañueco o de Silván. Finalmente, en aquel proceso, el líder salmantino venció por un aplastante 67,59%, especialmente en aquella provincia.

Decretado el secreto, excepto para el fiscal

En el auto se especifica que no están determinadas “la naturaleza y las circunstancias de tales hechos ni las personas” que han intervenido en los hechos denunciados y explican que “es legal” el procedimiento de una denuncia anónima, si bien por ello los juzgados deben actuar con la “máxima prudencia en la investigación judicial” por aportarse la información “confidencialmente”, si bien ello no es constitutivo de “rechazo por principio” de la denuncia. Por ello, se decreta “el secreto de todas las actuaciones, con acceso exclusivamente al Ministerio Fiscal”.

El PP: “Busca embarrar”

Tras conocerse esta situación, el Partido Popular de Salamanca emitió un comunicado en el que califica el escrito como “un complot” y una “perversa operación política” contra el Partido Popular que, “en un momento decisivo, busca embarrar y desestabilizar las negociaciones” que la formación política “va a llevar a cabo para la formación de gobierno en la Comunidad”.

Desde el PP de Salamanca recuerdan que “el escrito se presenta casualmente ante el juzgado el mismo día que se anuncia públicamente la primera reunión entre el Partido Popular y Ciudadanos para la formación de gobierno en la Junta de Castilla y León”.

Además, la formación popular salmantina manifiesta que “todas” sus actuaciones, así como las de sus cargos públicos y militantes, “han respetado escrupulosamente la legalidad en sus procesos de primarias” y recuerda que “en las votaciones hubo urnas, interventores por parte de todas las candidaturas que se presentaron al proceso y los afiliados votaron libremente al candidato que quisieron”.

Por último, desde el PP de Salamanca piden que el responsable de la denuncia “dé la cara ante los ciudadanos en lugar de esconderse tras el anonimato” y se ponen “a disposición de la autoridad judicial para realizar todas las aclaraciones que esta última estime pertinentes”.

El secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, y el presidente popular autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, restaron hoy importancia a esta denuncia anónima y a su posible efecto político. Egea manifestó que el PP “no da ninguna importancia” a dicha denuncia anónima y que se dedicará a trabajar por la Comunidad.

Por su parte, Fernández Mañueco expresó que no está claro la autoría de la misma y calificó de “curioso” que se presente en este momento, cuando su partido abre una negociación de gobernabilidad en Castilla y León con Ciudadanos, sobre unas primarias que se celebraron en marzo de 2017. No obstante, expresó el compromiso de máxima transparencia, respeto a las resoluciones judiciales y colaboración con la investigación.

También, fue preguntado sobre este hecho el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, que resultó ganador de las primarias tras el fraude en el voto a su adversaria, Silvia Clemente, quien indicó que se trata de una denuncia anónima y que habrá que ver su evolución.

Para el PSOE fue “un pucherazo”

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Salamanca, Carlos García Carbayo, señaló que la información publicada y enviada al Juzgado, en la que también está incluida su nombre, “es un asunto ajeno a la gestión municipal” y se mostró “muy tranquilo” al respecto, confirmando que “si por la autoridad judicial se nos requiere información, daremos toda la necesaria y que se nos solicite”.

García Carbayo sí manifestó que no van a “consentir que nadie ponga en duda ninguna actuación” del Partido Popular, y consideró que existe una “clara intencionalidad política” en la denuncia porque “surge en un momento en el que se van a celebrar negociaciones para conformar mayorías de gobierno que den estabilidad a las administraciones e instituciones de Castilla y León”. No obstante, mostró su esperanza en que estos hechos no afecten “en absoluto” a los posibles pactos con Ciudadanos“.

En cambio, el secretario provincial del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, sí consideró que estos hechos, junto a la “actitud durante muchos años” del Partido Popular y “la tramitación judicial de causas de corrupción”, hacen que “sea una emergencia democrática que el Partido Popular sea desalojado de las instituciones” de Castilla y León.

Pablos calificó los hechos denunciados en las primarias del Partido Popular de Castilla y León como un “pucherazo” y, por ello, consideró que sus responsables “están inhabilitados para ser cargos públicos” porque “quien actúa así dentro de su casa, no puede ser ni presidente de la Junta de Castilla y León ni alcalde de Salamanca”.

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