El 'defensor del pueblo' autonómico pide más atención a pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica

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El Procurador del Común (defensor del pueblo de Castilla y León) insta a la Consejería de Sanidad de la Junta a que lleve a cabo la creación de una Unidad de Referencia para los pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica en Castilla y León dotada, como mínimo, de las especialidades de Endocrinología, Reumatología, Traumatología y Psicología procediendo, entre tanto, a la derivación de los pacientes con diagnósticos claros a Unidades de Referencia de otros territorios.

La institución que dirige el leonés Tomás Quintana recibió quejas que ponían de manifiesto la situación de los pacientes aquejados de estas dolencias en cuanto a las carencias que padecían, tales como la inexistencia de esa unidad de referencia, la negativa de la Administración sanitaria a derivar a pacientes fuera de Castilla y León, la falta de empatía de algunos profesionales derivada en muchos casos de su desconocimiento de estas patologías, así como aspectos negativos de las mismas en el ámbito social y profesional.

También se puso de relieve otras consecuencias, como las que conllevan la falta de adaptación de las condiciones laborales en determinados puestos de trabajo, así como la especial prevalencia de estas patologías en el colectivo femenino. Las personas que padecen estas dolencias crónicas -señalan desde la institución autonómica- “tienen que convivir con la incomprensión social y laboral en muchos casos y con la falta de conocimiento, en ocasiones, de quienes deben darles una solución a sus problemas”.

Admitidas las quejas a trámite, solicitada la información a la Consejería de Sanidad y después de detectar que hay comunidades autónomas pioneras no sólo en la asistencia médica de este tipo de pacientes sino en la propia regulación de la misma -como Cataluña y País Vasco- el Procurador entiende que Castilla y León debe intetar dotarse de “recursos sanitarios, sociales y de toda índole que pongan a sus ciudadanos en pie de igualdad con los pacientes de otras comunidades”.

Para ello, también reclama formación de los profesionales sanitarios en orden a su sensibilización respecto de este tipo de pacientes, evitando de forma sistemática la derivación a servicios de Psiquiatría, agilización de los sistemas de diagnóstico y adopción de medidas para evitar la superposición de tratamientos, agilización de las listas de espera en las diversas especialidades que tratan estas dolencias y coordinación de los recursos de Atención Primaria y Especializada en este ámbito.

Además, solicita la adopción de medidas eficaces para la corrección de factores de riesgo asociados a cuestiones de género, medidas para la integración social y la promoción de la autonomía personal, actualizando la valoración y reconocimiento de la situación de discapacidad, dependencia e incapacidad mediante la adecuada formación de los órganos valoradores y adaptación de los baremos.

Iualmente, insta a la adecuación de los puestos de trabajo o posibilidad de cambios de puesto, mayor reconocimiento y valoración del impacto de la labor desarrollada por las asociaciones en la mejora de la salud de las personas afectadas y que se agilice la anunciada revisión del proceso asistencial y de la guía asistencial de la Historia Clínica Medora.

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