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Denuncian el cierre del único Laboratorio Agrario Regional, que garantiza controles de seguridad alimentaria

El motivo es la jubilación del único administrativo en un centro de 15 plazas pero en el que sólo hay siete funcionarios trabajando y ninguno en propiedad, además de sospechas contra el director elegido "a dedo".

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ileon.com  | 10/07/2019 - 15:42h.

El Laboratorio Agrario Regional (LAR), dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería y ubicado en Burgos, va a paralizar su actividad el día 20 de julio por falta de funcionarios al jubilarse un día antes el único administrativo que tiene, según denunció hoy en un comunicado la Junta de Personal de Funcionarios de los Servicios Centrales.

A su juicio  los responsables de la Junta de Castilla y León son incapaces de gestionar con un mínimo de eficacia este centro, que recalcó realiza funciones como buscar compuestos nocivos y residuos de plaguicidas en los alimentos para personas o animales; residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos o piensos; y realizar analíticas de las propiedades de cereales o de calidad de fertilizantes.

"En el Laboratorio Agrario Regional hay 15 plazas de funcionarios, pero a día de hoy, solo hay siete funcionarios trabajando en este Laboratorio y más aún, ni uno de estos siete funcionarios está ocupando la plaza que tiene en propiedad, es decir, ninguna de las 15 plazas de funcionarios del Laboratorio Agrario Regional está ocupada por el funcionario titular de esa plaza", indicó la Junta de Personal. "Resulta casi imposible realizar las cosas tan mal. Ni adrede se consiguen estos resultados tan nefastos para el funcionamiento de este Laboratorio", añadió.

UGT por su parte recuerda que se trata de un laboratorio oficial de referencia y puntero dentro de España, dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el que se analizan las muestras recogidas en inspección de campo en materias como el control de medicamentos y sustancias prohibidas en piensos y agua, el análisis de plaguicidas en piensos, vegetales de consumo humano y suelos o el control de fraude en la composición de piensos y fertilizantes minerales.

Para el sindicato, pues, se trata de "la columna fundamental de la seguridad alimentaria en Castilla y León y la protección frente al fraude de la producción de los productores primarios y empresas agroalimentarias de Castilla y León". Y recuerdan que es "el único laboratorio oficial que existe en Castilla y León y que abarca toda la analíticas necesarias". Y además, recuerdan que en este laboratorio burgalés se han realizado importantes inversiones públicas en estructuras y equipo con un gasto aproximado de 4 millones de euros en los ocho últimos años.

La Junta de Personal censura recuerda que que en el año 2006 se produjo "el primer atentado" contra este centro, cuando se impidió que fueran utilizados sus servicios por empresas agroalimentarias y por agricultores y ganaderos particulares de Castilla y León y de España.

Esto, señaló, supuso una reducción aproximada del 75 por ciento de su actividad. "Política diametralmente opuesta a la que se sigue en el Laboratorio de la Construcción de la Junta de Castilla y León, que sí puede hacer ensayos a empresas y particulares", denunció.

Igualmente, denunció que en enero de 2014 se nombró "a dedo" a un nuevo director, que no apuntó no tenía la titulación requerida para ocupar el citado puesto. "Desde ese momento se producen unas oscuras conexiones de entre el Laboratorio Agrario Regional y un laboratorio privado, donde trabajaba como directora técnica del laboratorio la mujer del director".

Todas estas "anomalías", remarcó la Junta de Personal, fueron denunciadas por el Movimiento Viernes Negro de Burgos, ante la Junta de Castilla y León y el Procurador del Común, que en febrero de 2015 dictó una resolución que instaba a la Consejería de Agricultura y Ganadería a adoptar "cuantas medidas resulten pertinentes a fin de garantizar la más eficaz prestación de servicios en el Laboratorio Agrario Regional de Burgos".

"Este cese de actividad, no solo supone un mayor riesgo para la salud de los ciudadanos de Castilla y León, sino que además implica un importante coste económico para las arcas de Castilla y León, ya que aunque el Laboratorio cese su actividad, las nóminas de sus trabajadores se van a tener que seguir pagando", advirtió.

Además, consideró que supone un "claro desprestigio" de la imagen de Castilla y León, dado que se tendrá que notificar al resto de Comunidades Autónomas que enviaban muestras, que ya no se analizarán, y máxime debido a un problema de falta de personal administrativo.

Por ello, la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales solicitó a los responsables de la Junta de Castilla y León que se preocupen "de la gente" de Castilla y León y solucionen el problema de falta de funcionarios en el Laboratorio Agrario Regional.

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