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Castilla y León

La Junta abre consulta a los ciudadanos para crear una agencia de lucha contra la corrupción

Igea presenta un instrumento que asegura que tendrá independencia y autonomía en el ejercicio de sus competencias y que podrá investigar incluso a personas físicas o jurídicas que reciban ayudas públicas.

Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, en un Consejo de Gobierno. / Miriam Chacón / ICAL
ICAL | 07/11/2019 - 19:45h.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior abre mañana viernes y hasta el 22 de noviembre, en el Portal de Gobierno Abierto, la consulta pública previa para la elaboración de un anteproyecto de ley destinado a la creación de una agencia responsable de la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción en Castilla y León.

El vicepresidente Francisco Igea informó esta mañana en Consejo de Gobierno de los objetivos y del alcance de la iniciativa que se plantea desde la consejería que dirige. Con esta iniciativa, según se hizo eco Ical, comienza el recorrido para alcanzar uno de los acuerdos de gobernabilidad firmados entre PP y Ciudadanos comprometidos para la legislatura en materia de regeneración política e institucional.

La principal finalidad que se persigue con esta nueva ley, informaron desde el Ejecutivo, es "poder abarcar cualquier irregularidad en la toma de decisiones y el manejo de fondos y recursos públicos mediante la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción".

Asimismo, explicaron que "no solo se persigue una adecuada gestión pública sino también una correcta utilización de fondos públicos por parte de quienes los reciben, ya sean entidades públicas o personas físicas o jurídicas privadas".

Otro objetivo destacado, según las mismas fuentes, es "difundir la cultura de la responsabilidad en la lucha contra el fraude y la corrupción tanto en los empleados públicos como en el resto de la sociedad". "La norma ha de facilitar la creación de alertas y mapas de riesgos o cualquier otro método preventivo que ayude a detectar amenazas y posibles riesgos de fraude y corrupción; y sancionar tales conductas cuando sean demostradas", aclararon.

Proteger a los denunciantes

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior considera "indispensable" la implicación de los empleados públicos y de los ciudadanos, y con ese objetivo asume como "imprescindible" adoptar medidas que proporcionen protección a los posibles denunciantes ante represalias que pudieran derivarse de la denuncia presentada.

Así, la Junta de Castilla y León quiere abordar de forma integral la lucha contra el fraude y la corrupción y establece las garantías para los informantes que se incorporaron en una normativa de 2016.

El procedimiento participativo para la aprobación de este nuevo anteproyecto de ley se podrán considerar e incorporar las aportaciones realizadas durante el pasado mes de septiembre, cuando se habilitó la fase de información pública de la modificación de la citada ley de 2016.

Agencia pública

La Junta explicó que se dotará de un instrumento jurídico para poder abarcar, en toda su amplitud, la vigilancia sobre la gestión pública a través de la toma de decisiones o del manejo de los fondos y recursos públicos.

En este sentido, creará una entidad de carácter público que tendrá como función primordial la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la Comunidad de Castilla y León. La agencia tendrá independencia y autonomía en el ejercicio de sus competencias respecto de cualquier administración pública y con el objeto de cumplir su finalidad.

Su ámbito de actuación no se limitará únicamente a la Administración general e institucional de la Comunidad de Castilla y León sino que se extenderá también a las entidades integrantes de la Administración local dentro de su territorio. Asimismo, abarcará al resto de instituciones y entidades integrantes del sector público autonómico e incluirá a las personas físicas o jurídicas que reciban fondos públicos, ya sea a través de subvenciones, ayudas, contratos o cualquier otro mecanismo jurídico.

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