La Junta destinará 130.000 euros en dos años para recuperar víctimas del franquismo
La Junta de Castilla y León publicará estos días en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden firmada por el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, así como vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, con la convocatoria de subvenciones dirigidas a las entidades para la defensa de la memoria histórica.
La cuantía presupuestada de 130.000 euros se distribuye en dos anualidades: 65.000 euros este año y otros 65.000 euros en 2021. La orden ya firmada recoge que si las disponibilidades presupuestarias en el año 2021 lo permitieran el crédito de la convocatoria podrá ser incrementado en una cuantía adicional máxima igual a una de las anualidades, mediante la modificación de la esta orden y la realización trámites de fiscalización correspondientes.
La finalidad de esta nueva convocatoria es contribuir al desarrollo de aquellas actividades orientadas al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobado por el Gobierno de Zapatero, y que continúa en vigor, una ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura y a hacer efectivo el derecho de las familias de las víctimas en lo que se refiere a la recuperación de sus familiares y a la debida reparación moral.
Entre las cuestiones previstas en el orden del día de la reunión del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de la Comunidad, el secretario general José Miguel García expuso que el pasado 2 de octubre mantuvo en representación de la Junta de Castilla y León una reunión con el director general de la Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Diego Blázquez, en la que se abordó la necesidad de coordinar las actividades que en materia de memoria histórica realizan ambas administraciones públicas.
García informó de la colaboración de la Junta de Castilla y León en la elaboración del séptimo informe periódico de España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En él se señala como buena práctica de carácter emblemático la creación de dos órganos colegiados en los que se sustentan, de un lado, las políticas de la memoria histórica y democrática y, de otro, las decisiones técnicas.
