Ciudadanos sólo pide acabar con uno de los 16 'chiringitos' de la 'Junta B' que criticaba antes de gobernar

Las promesas de acabar con la 'Junta B', aquellas empresas, fundaciones y organismos públicos dependientes del Gobierno autonómico que Ciudadanos criticó durante años, prometiendo eliminar tales “chiringuitos”, se han quedado en poco menos que nada.

De hecho, el Gobierno autonómico que hoy confirman el PP y Ciudadanos, dan por concluida su revisión de las 16 empresas de la administración 'B' de la Junta y su conclusión final es que sólo sobra una, la llamada Fundación Anclaje, que recomienda fundir en el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE).

Otro de los poquísimos cambios que se esbozan al término de la comisión paritaria que han formado PP y Cs para cumplir uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno que firmaron ambas formaciones para dirigir la Junta en vez del partido más votado en las últimas elecciones autonómicas, el PSOE, es concentrar todos los recursos especializados a la política energética en el Ente Regional de la Energía (EREN), cuya sede esta en León, una de las pocas de la administración autonómica en la provincia leonesa.

Además de numerosos mensajes criticando en su día, antes y durante la campaña electoral, los “chiringuitos” de la Junta, cabe también recordar que el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, colocó en julio de 2020 a la exdiputada de Ciudadanos Soraya Mayo en el Itacyl de Agricultura, uno de ellos. Mayo ocupó entonces el cargo de subdirectora de Investigación y Tecnología, a pesar de que es licenciada en Periodismo, y tiene experiencia en comunicación institucional por su trabajo en la Federación de Autónomos ATA Valladolid. El Itacyl, como todos salvo Anclaje, sobrevivirán a la revisión realizada.

Culminan así los trabajos que comenzaron el pasado 30 de octubre y que han contado con la presencia de los directivos de los entes analizados, con el objetivo de “racionalizar y ajustar” estos entes para ofrecer unos mejores servicios a la ciudadanía, aseguran desde ambos partidos políticos. De hecho, a pesar de sus escasas novedades, lo consideran una “reestructuración previa del Gobierno autonómico de 2015”.

Además, Partido Popular y Ciudadanos creen que la propuesta es “un avance en su objetivo de contar con una administración pública ajustada a las necesidades de sus habitantes, moderna, digitalizada y capaz de responder a los retos que afronta la sociedad de Castilla y León”..

Adiós a Anclaje

En concreto, PP y Cs plantean en relación a la Fundación Anclaje que la actividad de formación debe revertir al servicio público de empleo ECyL con el fin de evitar duplicidades y recomienda, siempre que jurídicamente sea posible, la supresión mediante la integración de sus funciones y estructuras en el ICE.

Asimismo, se propone una “reforma integral” de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, por lo que reduce sus ámbitos de actuación a tres: internacionalización y promoción exterior; gestión de los cuatro museos regionales y de los dos centros culturales de la Comunidad y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl). También adelantan “un posible cambio” de denominación de la entidad.

También los dos grupos defienden la “pervivencia” del servicio de mediación laboral Serla, a pesar de que su extensión provincializada sea duramente criticada por la Patronal de empresarios y los sindicatos, pero “acompasando la extensión de sus competencias al incremento de la disponibilidad de recursos”, ya sea por una aportación del Gobierno de España o por la existencia de una mejor situación económica y laboral que permita liberar fondos “destinados a otras finalidades más perentorias”.

Por otro lado, sugieren plantear a la Fundación, en el marco de la negociación abierta, el cambio en la composición del Patronato, así como en su modelo de financiación. En el nombramiento de los mediadores, dado que la Junta financia el 100 por 100, la comisión considera que podría ser aconsejable que participara la parte institucional del Patronato de la Fundación.

Igualmente, proponen “mejoras” en el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE), la revisión de los procesos, del funcionamiento de las unidades territoriales y una mayor coordinación interna y con el resto de las consejerías. También, en relación al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), plantean “visualizar” los servicios del sector, elaborar un catálogo de buenos ejemplos, incorporar un espacio de sugerencias e impulsar proyectos de innovación y digitalización rurales, entre otras.

En cuanto a la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, abogan por evitar duplicidades y que se regularice el régimen de personal y se planifiquen, coordinen, gestionen y ponderen según la eficacia las actividades desarrolladas.

Duplicidades en Somacyl, de Fomento y Medio Ambiente

Además, se pide el “refuerzo” de las Fundaciones de Acción Social y Tutela y del Centro de Supercomputación de Castilla y León, con una importante asunción de responsabilidades para este último. Por otra parte, se apuesta por una reordenación de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León SA (Somacyl) para evitar duplicidades, asumir actuaciones hidráulicas de las entidades locales y delimitar de forma adecuada sus competencias en biomasa. Se trata de una entidad dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones y que ha arrebatado a la propia Consejería abundante inversión pública.

Igualmente, PP y Cs ven necesario revisar la forma jurídica del Consejo de la Juventud, al no considerarse que la actual de “ente público de derecho privado” se ajuste a su naturaleza y funciones, asegurando no obstante su “independencia, autonomía y libertad de acción” y sacar a la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos del sector público de la Comunidad.

Además, los dos grupos plantean el mantenimiento de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ASCUCyL), de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCyL), de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCyL) y concentrar todos los recursos especializados a la política energética en el Ente Regional de la Energía (EREN).

Respecto a la Fundación Instituto de Estudios y Ciencias de la Salud de Castilla y León (IESCYL), la comisión paritaria plantea que, una vez se constituya necesariamente la Fundación del IBSAL, que actualmente representa el 70 por ciento de la actividad de la misma, deberán buscarse alternativas que podrían pasar por adscribir la parte de investigación no relacionada con el IBSAL a la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, bien porque se fusionen ambas fundaciones, o bien porque se amplíe el ámbito de la investigación que actualmente realiza la IECSCyL.

Contrataciones y personal

Por otra parte, se plantean medidas transversales sobre contratación administrativa, con el objetivo de unificar los procedimientos de contratación, pero también sobre personal, uniformando los procedimientos de gestión de personal con el dictado de unas directrices vinculantes a todas ellas y altos cargos, para garantizar la publicidad y libre concurrencia en las contrataciones y que se atengan a los principios de mérito, capacidad e idoneidad.

También sobre los planes de medios, que reparten la publicidad institucional, pide aplicar la normativa y directrices vinculantes en la materia; aumentar la identificación con la Junta; velar por la custodia, conservación, utilización responsable y defensa del patrimonio; controlar de eficacia y establecimiento de la supervisión continua de las entidades, y fomentar la transparencia, disponiendo de un portal web accesible a todos los ciudadanos con contenidos homogéneos para todas ellas.