Castilla y León retomará la supresión del impuesto de sucesiones que beneficiará a menos del 0,1% de la población más rica

La Junta de Castilla y León dejará de ingresar 52 millones de euros en los próximos dos años por la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Los contribuyentes de la Comunidad se ahorrarán aproximadamente 17,4 millones de euros para esta anualidad y 34,6 millones de euros en 2021, año en el que se aplicará la reducción. Hasta esta modificación, solo pagaban este impuesto aquellos ciudadanos con herencias que superaran los 400.000 euros.

La modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones iniciada por la Junta de Castilla y León pretende establecer un sistema fiscal “favorable” entre familiares directos al reducir al 99% el coste fiscal al que se encuentran sometidas las adquisiciones de bienes y derechos por herencia o donación entre familiares directos, cónyuge, descendientes y ascendientes.

“Nos parece positiva su eliminación por motivos de justicia y de carácter social como por motivos económicos”, ha asegurado esta mañana en Salamanca el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. “Las personas ya pagaron el impuesto correspondiente por la obtención de esa renta y no sería justo que volvamos a duplicar el impuesto. Si facilitamos la transmisión estamos facilitando el crecimiento económico, la transmisión de actividad productiva”, ha agregado Fernández Carriedo, que considera que la eliminación del impuesto supone “un aumento del número de donaciones, que no transmitían esa actividad”.

Esta reducción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, una de las grandes promesas de Ciudadanos en campaña, implicará un ahorro para los contribuyentes salmantinos de 3 millones de euros este año, cantidad que se incrementará hasta los 6 en la próxima anualidad, según ha informado la Junta de Castilla y León a través de un comunicado.

La medida, según las estimaciones elaboradas en base a los contribuyentes de 2018, puede beneficiar a entre 5.000 y 15.000 ciudadanos de la Comunidad. En el caso de la provincia de Salamanca se estima que serán entre 700 y 2.100 los beneficiarios.

Las nuevas bonificaciones supondrán la práctica eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones para los familiares directos, de manera que en las transmisiones lucrativas mortis causa, el patrimonio acumulado con años de esfuerzo transmitido a familiares directos no sea objeto de una nueva imposición.

En el caso concreto de las transmisiones lucrativas inter vivos, el objetivo es favorecer la transmisión anticipada en el tiempo de bienes y derechos entre familiares directos, permitiendo que la ayuda económica llegue en vida a las familias como un acto de generosidad, o en casos de necesidad o de financiación, sin tener que esperar al momento del fallecimiento. En ambos casos, se facilita el relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como el emprendimiento, sin que el pago del impuesto sea una traba a ello.

El Proyecto de Ley introduce dos nuevas bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por un lado, contempla una bonificación del 99% en la cuota de las adquisiciones lucrativas mortis causa y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de los bienes y derechos que forman parte de la herencia, cuando los adquirentes del causante sean el cónyuge, los descendientes o adoptados o los ascendientes o adoptantes.

Por otra lado, establece una bonificación del 99% en la cuota de las adquisiciones lucrativas inter vivos cuando el donatario sea cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del donante. Para su aplicación se exigirá que la donación se formalice en documento público. En el caso de donaciones en metálico o depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo, que el origen de los fondos esté debidamente justificado y se haga constar en dicho documento público.

Además, en relación con estas bonificaciones, se extiende la equiparación de los cónyuges a los miembros de las uniones de hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja durante, al menos, dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se haya inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León. El Proyecto de Ley se encuentra en las Cortes pendiente de su debate parlamentario por parte de los grupos políticos. El PSOE ya ha registrado una enmienda a la totalidad a este proyecto.