El PP presenta, ahora, un plan para proteger de la pandemia a las residencias de mayores de Castilla y León
Ocho meses de pandemia, o nueve desde que comenzaron las muertes por los contagios de SARS-CoV-2 en la comunidad autónoma, y el PP de Castilla y León propone “repensar el modelo” de las residencias de ancianos y presenta un plan de contingencia para luchar contra el coronavirus.
El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha tenido tiempo para pensar su plan de contingencia en las residencias de mayores de la Comunidad y hoy, 255 días después del inicio del primer estado de alarma, ha apostado por la puesta en marcha de sistemas de protección de usuarios y trabajadores en las residencias para luchar contra la pandemia de la Covid-19 y “para las que puedan aparecer en el futuro”.
Así, los populares, que hoy difundieron un documento con sus propuestas sobre el futuro modelo de atención residencial, apelaron a tener actualizados los planes de contingencia que permitan activar medidas preventivas y de intervención ante contagios de usuarios y de trabajadores, con un stock de EPIs suficiente, así como de un sistema de testeo que permita tener actualizado la evolución del impacto de la pandemia.
El documento, recogido por la Agencia ICAL, indica asimismo, que es “imprescindible” repensar el modelo actual de atención sanitaria pública, universal y gratuita en las residencias y “ver la manera en la que se garantiza a los residentes el acceso a la misma con plenas garantías como al resto de ciudadanos, no solo en situaciones de emergencia sanitaria sino también en circunstancias ordinarias”.
Priorizar la buena atención
El Grupo Popular apuesta además, en la atención de dependientes, por la supresión de contenciones. “La realidad dolorosa es que la sujeción en nuestro medio ha sido y es hoy todavía una práctica extendida y perpetuada hasta el punto de hacerse casi invisible en el cuidado normalizado de las personas dependientes”, lamentan.
Así, defienden que la buena atención tiene que “garantizar el buen cuidado, pero también la calidad de vida y el bienestar de la persona cuidada de acuerdo a sus propios valores y su propio proyecto de vida”. “El cuidado personalizado implica siempre buscar una alternativa a la sujeción, de tal manera que, sin renunciar a la seguridad, no se vea lesionada la dignidad, ni se reduzca la calidad de vida y el bienestar de la persona”, agregan.
Financiación
La propuesta popular recuerda que la ley de dependencia en su memoria económica establecía un marco de financiación del 50 por ciento cada uno, entre el Estado y la Comunidad, para sufragar el coste del sistema. En este sentido, sentencia que “hasta que esto no sea una realidad hablar de modelos de calidad de vida se presenta como un reto inabordable”.
Por otro lado, indica que las personas con dependencia moderada deben poder elegir el centro residencial dentro de la cartera de servicios del sistema de dependencia, puesto que necesitan apoyos profesionales para las actividades básicas de la vida diaria.
Unidades de convivencia
El PP apuesta en su propuesta por un modelo de atención residencial centrado en las personas que apueste por una configuración espacial de los centros en unidades de convivencia. La propuesta del PP, defienden, “facilitará la sectorización en futuras emergencias sanitarias y sobre todo, permitirá la socialización de los residentes en entornos lo más parecidos al hogar familiar”. “El centro residencial no es un hospital”, sentencian.
El documento explica que el número de integrantes de las unidades de convivencia debe representar un equilibrio entre la calidad de vida y los costes. En este sentido, recuerdan que hay modelos en otros países en el que 12 usuarios presentan niveles de calidad de vida muy aceptable, y estudios propios en los que se muestra que 16 es el límite máximo aceptable.
La propuesta, fruto de su participación en varios grupos de trabajo, aboga por la atención centrada en las personas, porque es la que “promueve las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar”.
Respeto a la dignidad y derechos
El PP advierte de que todo debe partir del “respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva, por lo que debe ser el concepto sobre el que se desarrolle el modelo de atención residencial”. Esa atención obliga, indican, al establecimiento de unidades de convivencia, con “dimensión y ambiente de hogar, cálido y personalizado”.
Asimismo, abogan por una asignación individualizada de un profesional de referencia; y por la elaboración y actualización de la historia de vida como instrumento de conocimiento de la persona y de creación de un espacio de comunicación y confianza; así como de su proyecto asumniendo sus preferencias, deseos, intereses e iniciativas.
El PP apuesta además por la interdependencia del sujeto con su red social próxima. “La familia y los amigos son esenciales en el desarrollo del proyecto de vida de la persona y tienen un papel clave en el ejercicio de la autodeterminación”, sentencian.
Actualizar ratios
El PP constata que hay que actualizar los ratios de atención directa en el seno del Consejo Territorial y la consiguiente financiación del sistema para soportar la medida en función del número de prestaciones de atención residencial que se presten.
La propuesta popular indica que el coste del personal representa entre el 65 y el 70 por ciento del coste de la prestación del servicio y establecer una ratio sin una financiación adecuada “hará que sea inviable su implantación”.
El PP afirma también que el modelo que se desarrolle debe establecer unas bases que permitan el despliegue de las líneas de abordaje efectivas para la integración real de las personas que viven en centros residenciales en su familia, en su entorno y en su comunidad.
“El nuevo modelo de atención residencial se debe basar en principios de carácter ético y por lo tanto debe reconocer que cada uno de nosotros somos personas únicas con identidad, biografía propia y diferente”, sentencian.
