El Gobierno dice ‘no’ al confinamiento domiciliario en Castilla y León

Casado e Illa en la visita a un hospital de Valladolid.

Alba Camazón / elDiariocyL.es

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado este jueves un posible confinamiento domiciliario en Castilla y León, similar al de marzo, después de que el Gobierno autonómico solicitara una herramienta para poder confinar.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Illa ha recordado que el confinamiento domiciliario autonómico “no está autorizado” por el estado de alarma. “Pensamos que con el abanico de medidas acordadas el 22 de octubre, hay suficiente marco de actuación”, ha señalado el ministro de Sanidad, quien ha recordado que con estas medidas “doblegamos” la segunda curva, según informa elDiariocyL.es.

Estas medidas a las que hace referencia el ministro son el 'semáforo COVID' que establece cuatro niveles de alerta. Castilla y León, a pesar de la bajada de contagios a principios de noviembre, nunca ha bajado del nivel de alerta extremo, en el que se detecta “transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario, y que podrá requerir medidas excepcionales”.

Estas declaraciones se producen días después de que el comité de expertos de la Junta de Castilla y León recomendara un confinamiento domiciliario de dos semanas para frenar en seco la expansión del coronavirus antes de que continúe creciendo como hasta ahora.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, se sumó a esta recomendación y pidió a los castellanos y leoneses cumplir con un “confinamiento inteligente”: es decir, voluntario. Pero de momento la Junta de Castilla y León no ha vuelto a decidir restricciones, aunque este jueves a mediodía se celebra el Consejo de Gobierno, en el que se esperan cierres por los menos en la provincia de Segovia.

Casado también pidió al Gobierno de nuevo una herramienta jurídica y legal para que la autonomía pueda iniciar una cuarentena como la de marzo durante un periodo de tiempo. Una petición que, de nuevo, el Gobierno ha rechazado.

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