La Consejería de Familia pide que den cuentas de la gestión de las residencias también Salvador Illa y Pablo Iglesias

JL Leal / ICAL. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco

Agencia ICAL

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, consideró este jueves que los que fueran ministro de Sanidad Salvador Illa y de Asuntos Sociales Pablo Iglesias, ambos ya fuera del Gobierno de Pedro Sánchez, deberían comparecer para hablar sobre la gestión de las residencias de mayores desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

“Si hay que volver a comparecer, volveremos a hacerlo pero también tiene que hacerlo el exministro Illa, que era autoridad sanitaria en ese momento. Cuando más déficit de personal teníamos, dictó una orden diciendo que los liberados sindicales se incorporasen de manera obligatoria a nuestros centros. Y, a los tres o cuatro días, se modifica esa orden diciendo que no se incorporen. También se tendrá que explicar eso”, señaló.

“El exvicepresidente de Servicios Sociales tiene centros en esta comunidad. El Imserso tiene centros que fueron afectados por el virus. A lo mejor hay que explicar por qué unos, sí y otros, no y por qué teníamos que reportar unos datos que luego no se han hecho públicos. Porque no todas las comunidades los han facilitado. Si se quiere saber de verdad qué pasó hay que saberlo y tendrán que venir todos. Nosotros, que ya lo hemos explicado, y los que no han comparecido y no han explicado”, añadió.

En este contexto, Blanco Llamas afirmó que, si la Comisión de investigación se constituye, esas comparecencias deberían solicitarlas los propios grupos parlamentarios. “El Ejecutivo no lo pide. Ya se pidió en la Comisión constituida en el Parlamento catalán. En aquel momento, se dijo que no porque eran ministros y no tenían la obligación de comparecer en las sedes de los parlamentos regionales pero, ahora, ni el responsable del Ministerio de Servicios Sociales ni el mando único son ministros. Las cosas han cambiado respecto a noviembre y deberían comparecer”, insistió.

Isabel Blanco hizo todas estas declaraciones en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, donde expuso los detalles del proyecto de construcción de la nueva residencia de mayores de la capital zamorana, que supondrá la creación de cerca de 200 plazas para personas dependientes y que conllevará una inversión estimada de 16,3 millones de euros.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades recalcó que “no se pueden utilizar de manera partidista” las situaciones generadas durante la pandemia de coronavirus. “Nosotros hemos comparecido dos veces en las Cortes para explicar lo que pasó. Mi equipo ha comparecido al completo y seguiremos compareciendo todas las veces que sean necesarias. Se hicieron todos los informes. El 30 de septiembre se presentó un informe con datos. Gustarán más o gustarán menos pero hay que tener cuidado, desde luego, porque detrás de esos datos y números han personas”, advirtió.

“Aunque no estemos continuamente diciéndolo, lamentamos mucho el fallecimiento de todas ellas. Los que estuvimos ahí las 24 horas del día y lo vivimos día a día en primera persona, lamentamos profundamente las situaciones que se vivieron. Somos conocedores, de verdad, de primera mano de lo que pasó”, reiteró.

En este contexto, Isabel Blanco recordó que, en el momento de declararse el primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, no había equipos de protección individual. “Había un compromiso del Gobierno de España de que iba a mandar los equipos y nunca llegaron. Después, se autorizó a las comunidades autónomas a comprar. No había tests y, cuando llegaron los primeros, no funcionaban”, indicó.

“Hay informes de profesionales sanitarios que dicen que si nos hubieran avisado una semana o dos antes los centros e hubieran podido aislar, se habría evitado el 80 por ciento de los contagios y el 70 por ciento de los fallecimientos. Pero no se avisó. Nos encontramos con una situación que nos desbordó a todos y los primeros quince días fueron tremendos y frenéticos”, expuso.

Igualmente, recordó que la delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián, estuvo en la Delegación “recogiendo el material que traían las personas que respondieron al llamamiento” realizado por la Administración autonómica. “Esa es la realidad de lo que pasó y se le ha contado a las familias. El Procurador del Común decía que había habido 39 quejas sobre residentes y tenemos prácticamente 42.000. Hay que poner las cosas en su contexto”, concluyó.

Críticas al Procurador del Común

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades aprovechó también su presencia en Zamora para criticar al Procurador del Común: “Debe ampararse en los datos y no en percepciones”, manifestó a tenor de sus observaciones sobre la derivación de pacientes desde centros residenciales de mayores a hospitales.

“La realidad es que, hasta junio, se trasladó a más de 5.000 personas a los hospitales. Unas fallecieron en los centros hospitalarios; otras, en los centros residenciales, y otras, en sus casas. Esa es la realidad. Todas las denuncias que hubo en su momento al respecto, tanto en la Fiscalía como en los juzgados han sido desestimadas o archivadas. Esa es la realidad. El resto son percepciones”, insistió.

“El traslado o no de los ancianos a los hospitales fue decidido siempre según un criterio médico, según el criterio de los profesionales que atendían esos centros. Se trasladaron en la primera, la segunda y la tercera ola y ha habido familias que indicaron que la persona estaba muy mayor y querían que falleciera en el propio centro residencial”, añadió.

En este contexto, Blanco Llamas recalcó que se trata de “personas muy mayores y con muchas patologías, no solo covid-19” y que su condición es de “muy dependientes, la mayoría de ellas, de grado 2 o grado 3” y apostilló: “Esa es la realidad y son los profesionales quienes deciden si se les traslada o no y se les atiende allí. Las personas mayores estuvieron atendidas, igual que ahora. Tuvieron su medicación, su oxígeno y sus vías puestas”.

Por último, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades expresó su “agradecimiento” por el trabajo desarrollado por los profesionales sanitarios y de servicios sociales durante los primeros meses de la pandemia y reiteró: “Las personas estuvieron atendidas, de verdad. La justicia ha desestimado y no ha admitido a trámite las denuncias presentadas al respecto”.

“Una vez más, se nos olvida la situación que se vivió, totalmente desconocida para todos. Ni las residencias estaban preparadas para ser hospitales ni las casas para ser colegios ni para teletrabajar. Durante este año, no se concilió se compaginó el cuidado de los hijos, vivir en casa y hacer las tareas. Esa es la realidad”, concluyó.

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