Guerra por las actas de la comisión Enredadera de León, en las que el PP llama 'fachas' a Ciudadanos

Las actas de la comisión 'de investigación' sobre la trama Enredadera en el Ayuntamiento de León abren una nueva brecha en consistorio leonés entre el PP y Ciudadanos, por un lado, y el resto de la oposición municipal, por otro, que boicotean esta comisión por considerarla “un paripé”.

Los partidos de la oposición, conformados por PSOE, León Despierta (Podemos), León en Común (IU) y UPL, han recibido un comunicado desde la Secretaría General del Ayuntamiento en el que la presidenta de la comisión, la concejala de Ciudadanos Ana Carlota Amigo, les asegura que no se facilitarán las actas de la misma “en tanto no existan vocales designados por algún grupo municipal”, aludiendo a la obligación de los concejales de acudir a los órganos municipales.

La decisión, que se indica está adoptada por la concejala Amigo, ha generado un amplio malestar en todos los partidos de la oposición. El PSOE ya denunció en diciembre, antes de las primeras comparecencias, la opacidad de la comisión ya que no se les facilitaban las actas, exigiendo las mismas por escrito. La presidenta de la comisión Enredadera ha ratificado su negativa a facilitarlas, comunicando a todos los grupos municipales la decisión que ha adoptado.

Fuentes de la oposición consideran “inaceptable” la decisión de la concejala Amigo y ponen en duda su legalidad. Recuerdan que las actas de cualquier reunión oficial deben ser públicas o entregadas a cualquier ciudadano que las requiera en base a la Ley de Transparencia nacional y autonómica. A finales del año pasado el Gobierno de España tuvo que publicar por vez primera en su historia las actas de 11 años del Consejo de Ministros, tras una petición de transparencia de Access Info Europe y una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Los partidos de la oposición consultados por este periódico han coincidido en señalar, además, su extrañeza en que esta decisión de ocultar información la haya tomado la concejala de Ciudadanos y fuera comunicado por la secretaria general del Ayuntamiento, Carmen Jaén, en lo que consideran puede ser una “dejación de funciones”. Recuerdan que el puesto de la funcionaria principal en el Consistorio es velar por la seguridad jurídica del ayuntamiento y debería ser ella la que adoptara, de acuerdo a derecho, la decisión de proporcionar las actas en base a la abultada jurisprudencia existente al respecto. Señalan que en su condición de concejales tienen además especialmente protegido el derecho de acceso a la documentación municipal, que podría ser vulnerado por la decisión de la concejal naranja.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, insistió este miércoles que la comisión de investigación que analiza la trama corrupta Enredadera en el Ayuntamiento de la capital “tiene valor ninguno, es una pantomima, un paripé”. Es una comisión “que ni es de investigación, ni es pública, ni sirve para nada y que, además, contraviene algunos aspectos que se realizan en los propios juzgados”, agregó.

Además, Diez cuestionó el papel de Ciudadanos en esta comisión, a quien se refirió como “la muleta del PP”. “Que no enreden más porque nada va a salir de esta comisión, absolutamente nada, es una mera excusa del PP y de Ciudadanos para evitar una moción de censura”.

Desde León Despierta (Podemos) sus concejales han reiterado su negativa a participar en la comisión asegurando que asumirían “perfectamente” cualquier tipo de sanción que se les impusiera por no acudir, pero reclaman que los documentos de la comisión sean de acceso público como cualquier otro.

Tensión entre el PP y Ciudadanos

De las actas de las primeras reuniones de la comisión Enredadera, que tuvieron lugar en diciembre, se descubre la enorme tensión entre el Partido Popular y Ciudadanos a la hora de afrontar el desarrollo de la misma, con constantes reproches entre los portavoces de ambas formaciones. El partido naranja y sus cuatro concejales facilitaron la investidura de Antonio Silván como alcalde y han sostenido al gobierno del PP aprobando los presupuestos desde el inicio del mandato.

La 'luna de miel' entre los dos partidos saltó por los aires tras la irrupción de la trama Enredadera en la vida municipal el pasado 3 de julio, cuando Ciudadanos rompió con el PP y se pensó apoyar una moción de censura contra Silván. La dimisión del concejal imputado José María López Benito 'Yiyo' y el compromiso de la comisión de investigación frenaron la moción pero no el distanciamiento entre azules y naranjas. En la actualidad ambos discuten sobre la propuesta de presupuestos municipal y Ciudadanos reprocha al PP el mínimo cumplimiento de su acuerdo de presupuestos del año pasado.

Uno de los momentos álgidos de la tensión entre las formaciones fue el pasado 11 de diciembre en el que se decidían los nombres a comparecer y el acceso de los medios de comunicación a las comparecencias de los políticos. En un momento dado el concejal portavoz del PP, Fernando Salguero, espeta a la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, la siguiente frase: “aquí tenemos un problema, es la mezcla de técnicos y políticos. Gemma no admites nada, eres una facha”. La concejala naranja pidió a la secretaria de la comisión que constara en acta el calificativo, “que conste en acta que me ha llamado facha”. El concejal Salguero se reiteró, “que sí, que conste, es que vamos, no te puedo decir nada”.

Otro de los puntos con más 'pique' entre los partidos fue cuando el PP cuestionaba la celebración de la comisión y las comparecencias sin que toda la documentación que se llevó la UDEF en sus registros haya vuelto a los archivos municipales, pese a los requerimientos al juzgado de que facilite al menos una copia. Villarroel preguntó a los concejales populares si su intención era “¿suspender hasta que llegue la documentación?”, respondiendo el PP sobre posibles responsabilidades en que podían incurrir sus miembros. Ciudadanos ha denunciado las constantes “trabas” que pone el PP en el desarrollo de la comisión, señalando que se dedican a pedir constantes informes jurídicos para entorpecer su desarrollo.

Cabe recordar que el acceso de los medios de comunicación está muy limitado, sólo a las declaraciones de los diferentes cargos políticos que asistan a la misma. En el caso de los técnicos municipales llamadados ésto tienen el derecho a responder a las preguntas de forma privada. Además el resto de deliberaciones tampoco son públicas por lo que las actas son la única manera de conocer lo ocurrido en la comisión.

Este miércoles tuvo lugar la segunda sesión de comparecencias, la cuarta en total, en la que el protagonismo corrió a cargo de la concejala de Urbanismo, Ana Franco, que negó cualquier tipo de influencia en los procesos de contratación municipales y defendió las actuaciones del alcalde, Antonio Silván. En la primera reunión con comparecencias la parte política recayó en la concejala de Familia, Bienestar Social y Mayores, Aurora Baza, que negó cualquier influencia sobre le contrato de ayuda a domicilio, adjudicada a la empresa Aralia vinculada a José Luis Ulibarri e investigada en la trama.

Dos exconcejales del PP en la anterior corporación municipal con responsabilidades, la de Bienestar Social Montserrat Gutiérrez, y el de Seguridad, Ricardo Gavilanes, han declinado asistir y responder a las preguntas de la comisión Enredadera. No tienen obligación legal alguna de hacerlo si no lo desean.

'Platos fuertes' para la próxima comisión

La próxima reunión de la comisión 'Enredadera' tendrá siete comparecientes citados y será uno de los platos fuertes de todas las reuniones, ya que han sido convocados algunos de los investigados en la supuesta trama corrupta en el Ayuntamiento de León. Tendraá lugar el 30 de enero a partir de las nueve de la mañana.

Entre ellos están el exconcejal José María López Benito, que dimitió por su implicación en la trama para evitar una moción de censura contra Antonio Silván, y los funcionarios investigados Miguel Martínez Puente y Javier Herrero. Junto a ellos también está citado el concejal de Seguridad y Tráfico y portavoz del PP en la comisión, Fernando Salguero, también señalado en informes de la UDEF pero excluido hasta el momento de la investigación judicial.