El leonés Alfredo Prada, imputado por las irregularidades de la Ciudad de la Justicia de Madrid

Pablo Casado y el leonés Alfredo Prada Presa, a quien el primero considera su padrino político desde los 24 años. / ICAL

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigados en la causa por las presuntas irregularidades en el Campus de la Justicia de Madrid (CJM) al exconsejero madrileño y exdiputado del PP por la provincia de León Alfredo Prada y a tres cargos técnicos de la sociedad.

En un auto, De La Mata atiende así a la solicitud de la Fiscalía y cita a los cuatro para el próximo día 27 de marzo, entre las 10 y las 11.30 horas. Además de Prada, quien fue presidente y consejero delegado de la Ciudad de la Justicia, están citados el que fuera director general Técnico de la sociedad Isabelino Baños, el subdirector Técnico Mariano José Sanz Piñar y el director de Área Financiera Alicio de las Heras, que también es leonés y trabajó como asesor de Prada.

El proyecto llegó a sumar una inversión de dinero público de 105 millones de euros al erario público a pesar de no haberse ejecutado. Se desarrolló bajo la presidencia de la 'popular' Esperanza Aguirre y su responsable inicial era Alfredo Prada Presa, entonces vicepresidente, posteriormente retirado de la política en 2015 y que ha sido repescado para la dirección nacional del PP por su nuevo presidente, Pablo Casado, para dirigir la oficina del Cargo Popular, un órgano interno para controlar los posibles casos de corrupción que afecten a cargos públicos y orgánicos del partido. Prada es, además, el padrino político del actual líder del PP, Pablo Casado.

Un proyecto “sin ningún criterio de racionalidad económico”, según el auto

Los cuatro investigados, a la vista de la valoración de los contratos y gastos que contiene el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre CJM, explica el juez, deben ser interrogados como responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad en el periodo en que prestaron sus servicios en la sociedad.

El auto señala que la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico –organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil. Además, todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados.

De La mata señala que el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 concluye que el Campus de la Justicia de Madrid no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.

El Informe pone de manifiesto, entre otros elementos, continúa, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, las deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado.

Por su parte, en el ámbito relativo a contratación y pagos, el informe de la Cámaras de Cuentas, afirma el magistrado, describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.

Contrato de gestión del proyecto y Construcción de la Fase 1

De la Mata destaca otra de las supuestas irregularidades que resalta el Informe de la Cámara de Cuentas en relación con el contrato de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del campus de la Justicia en 2007.

Según este,el Campus de la Justicia de Madrid encomendó la elaboración del Informe de valoración de las ofertas que fundamentoì la propuesta de la Mesa de contratación y la propia adjudicación a una persona, Isabelino Baños, que había estado vinculada laboralmente a la empresa que resultoì adjudicataria, al menos hasta el año 2004. Asimismo, esta persona formó parte de la Mesa de contratación y fue el encargado de supervisar la correcta ejecución del contrato.

“En aras de procurar una garantía razonable de objetividad y transparencia en esta licitación y para evitar potenciales conflictos de intereses habría sido deseable que CJM no hubiese encomendado la elaboración del Informe de valoración de las ofertas que fundamentó la propuesta de la Mesa de contratación y la propia adjudicación a una persona que había estado vinculada laboralmente a la empresa que resultó adjudicataria, al menos hasta el año 2004”, explica.

El auto también hace referencia a otros gastos de CJM, como las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum cuyos desembolso asciende, al menos, a 15.647 euros y en los que se aprecia una falta de información y documentación básica sobre la cobertura de dichos movimientos. También se menciona que el Campus de la Justicia de Madrid abonó un máster por 38.050 euros a un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar.

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