El juez fichaje de Igea renuncia a tomar su cargo en la Consejería de Transparencia
La Consejería de Transparencia de la Junta de Castilla y León, la novísima creación del vicepresidente de la Junta e impulsor de este departamento administrativo, Francisco Igea, nace con mal pie. Uno de sus fichaje estrellas, el que eligió el líder de Ciudadanos en Castilla y León para liderar la Dirección General de Atención al Ciudadano, renunció al cargo del que tomó posesión el pasado 2 de agosto.
El juez vallisoletano José María Crespo no será el nuevo director general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Consejería de Transparencia pocos días después de su nombramiento, según ha confirmado él mismo a eldiariocyl.es.
La razón no es otra que una reforma legal que no garantizaría la reserva de su plaza como juez, informa de ello Laura Cornejo. Su caso iba a ser el primero que dirimiese el Consejo General del Poder Judicial y el riesgo era demasiado alto. El artículo 351.e de la Ley Orgánica del Poder Judicial especifica que los jueces y magistrados tendrán la situación de servicios especiales cuando presten servicio, en virtud de nombramiento por Real Decreto, o por Decreto en las comunidades autónomas, en cargos que no tengan rango superior a director general. Esta ley cambió en diciembre. Anteriormente precisaba que bastaba un nombramiento por real decreto o resolución equivalente de la Comunidad Autónoma.
En Castilla y León sólo cabía el nombramiento por acuerdo del Consejo de Gobierno, que se consideraba, según los servicios jurídicos de la Junta como equivalente a un decreto, pero no lo ha considerado así el Consejo General del Poder Judicial. El riesgo de perder la reserva de plaza hizo que Crespo renunciase. “Me gustó la propuesta no porque yo sea de Ciudadanos sino porque me gustaba la Atención al Ciudadano y la Calidad de los Servicios, que es de lo que me iba a encargar, me encantaba ese proyecto pero claro, no a costa de perder mi puesto en Valladolid”, afirmó el juez.
Crespo, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid juró su cargo el pasado 2 de agosto y su renuncia es con efecto a ese mismo día. Su nombramiento fue duramente criticado por el PSOE, que consideró que “sus servicios en Justicia habían sido nefastos” y como autor de la instrucción “más larga de la historia” en el caso del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.
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