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ANTEPROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

Las ciudades de León y Ponferrada deberán crear zonas de bajas emisiones antes del 2023 con la nueva ley de cambio climático

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros establece que los municipios de más de 50.000 habitantes introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad.

Semipeatonalización de la avenida Ordoño II de León 2
Carlos S. Campillo/ICAL. Avenida Ordoño II de León
ILEÓN/AGENCIAS | 20/05/2020 - 10:00h.

En pleno debate sobre la peatonalización completa de la avenida Ordoño II en la ciudad de León y con Ponferrada experimentando cortes de calles al tráfico al amparo de la pandemia llega al Congreso y Senado un proyecto de ley de cambio climático que obligará a las ciudades a adoptar medidas contra las emisiones de movilidad.

El Consejo de Ministros de este martes aprobaba el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que según la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayudará a que los jóvenes no hereden de sus padres un planeta peor y representa la "respuesta institucional a la crisis climática".

Uno de los aspectos de la nueva ley, de salir de las Cortes Generales con un redactado similar la propuesto por el Gobierno, es que obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes, caso de León y Ponferrada en la provincia, a introducir en la planificación de ordenación urbana, "medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023". Estas zonas deberán facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, además de suponer la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. Igualmente los municipios deberán impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.

Para evitar pasos hacia atrás como el de Madrid la nueva norma concreta que para modificar las zonas de bajas emisiones se deberá contar con el informe previo del ministerio de Transición Ecológica y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente.

Proyecto de ley de cambio climático

El Gobierno marca en la nueva ley los objetivos climáticos nacionales a medio y largo plazo. Así, pretende que en 2030 se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20 por ciento con respecto a 1990, las renovables aporten al menos un 35 por ciento del consumo de energía final, el 70 de la electricidad se genere con renovables y la eficiencia energética mejore en al menos un 35. Y para 2050, España debería alcanzar la neutralidad climática.

El texto prevé que no se vendan coches con emisiones en 2040, blinda las zonas de bajas emisiones de las ciudades de más de 50.000 habitantes (unos 150 municipios) y fija por primera vez objetivos vinculantes de reducción de emisiones, eficiencia energética y penetración de energías renovables.

Esa norma era una de las cinco medidas sobre emergencia climática que el Gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido a materializar en sus 100 primeros días en plenitud tras más de ocho meses en funciones por la inestabilidad política.

La ley, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, forma parte de un paquete de energía y clima con el que el Gobierno pretende que la economía española entierre los combustibles fósiles a largo plazo, puesto que el texto prevé que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050; es decir, que para entonces las emisiones que se expulsen a la atmósfera sean compensadas con las que ecosistemas como bosques u océanos pueden absorber.

El Consejo de Ministros ya adoptó una primera lectura de la ley el 22 de febrero de 2019. El texto definitivo ha sido enriquecido con aportaciones tras un proceso de participación pública y tras los informes de instituciones pertinentes. El Parlamento dará luz verde final a la primera ley climática de la historia de España, un proceso que presumiblemente durará varios meses.

Vehículo eléctrico

En materia de movilidad y transporte, el proyecto de ley fija 2040 como fecha tope a partir de la cual sólo podrán venderse coches y vehículos comerciales ligeros nuevos -salvo los matriculados como vehículos históricos- libres de CO2 (concretamente, con cero gramos de CO2 por kilómetro recorrido), de manera que antes de ese año irá reduciéndose la venta de vehículos contaminantes.

Para ello, el Gobierno trabajará con el sector con medidas de impulso a los vehículos que no contaminen, con lo que para entonces sólo se venderán los eléctricos y los impulsados por alguna tecnología libre de dióxido de carbono. Además, todas las administraciones públicas deberán adoptar medidas para que en 2050 haya un parque de automóviles y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.

También se prevé un objetivo de cero emisiones directas de los buques cuando estén amarrados o fondeados en los puertos de competencia del Estado para 2050; para ello, se promoverá la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones. Además, habrá objetivos anuales de suministro de biocarburantes en el transporte aéreo.

La norma obliga a las gasolineras con mayor capacidad económica (un nueve por ciento del total) a instalar al menos un punto de recarga rápida de potencia igual o superior a 50 kW para favorecer la expansión del vehículo eléctrico.

Las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos -o las que hagan una reforma que requiera revisión de su título administrativo- deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua con el fin de que la recarga del vehículo sea rápida.

El texto fomenta planes específicos para el uso de gases renovables, como el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

La norma habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

Hidrocarburos

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, ni se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen ('fracking'). Cinco años antes de expirar su concesión, las instalaciones en activo deberán presentar ante Transición Ecológica un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

El proyecto de ley establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la UE y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.

Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos climáticos. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los constes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta un 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

De igual modo, se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública y la Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo.

La norma dispone que las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras elaboren un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Además, las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.

En este mismo sentido, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente y cada dos años un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo, el cual será remitido al Congreso de los Diputados.

Adaptación climática

Por primera vez, la adaptación a los impactos del cambio climático pasa a tener reconocimiento en una ley; a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), habrá un sistema de indicadores para evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los diferentes sectores.

Además, la ley establece que se trabajará en integrar los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa, en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria. En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Por ello, se incorporan medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

Por último, el Gobierno debe aprobar cada cinco años una Estrategia de Transición Justa con la participación de comunidades autónomas y los agentes sociales para adoptar medidas que beneficien a trabajadores y territorios afectados por el cambio hacia actividades económicas menos contaminantes, particularmente las comarcas mineras.

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