Astorga crea la comisión que analizará si el contrato de las basuras se municipaliza o sigue en manos privadas

Pleno Ayuntamiento de Astorga. Foto: AstorgaRedacción

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Los cuatro grupos políticos de la Corporación municipal aprobaron de manera unánime este miércoles en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Astorga, la prórroga por cinco años del contrato a la empresa Aquona que gestiona el servicio de abastecimiento de agua, de alcantarillado y la depuración de aguas residuales de Astorga y Valdeviejas. Todos manifestaron su satisfacción por la calidad del servicio prestado, sin embargo la disparidad de criterio entre la empresa y el departamento económico municipal sobre lo que el Ayuntamiento debe ingresar por el canon de la concesión deja un poso de malestar.

Y es la que el problema no es menor. El informe de la Intervención municipal cifra en más de 204.000 euros lo que el Ayuntamiento deja de ingresar por las diferencias de criterio a la hora de interpretar el pliego de condiciones económicas del contrato suscrito entre Aquona y el Consistorio. Según explicó el concejal del PP, Pepe Guzmán, mientras la empresa propone que las arcas municipales ingresen 121.000 euros desde 2015, el Ayuntamiento dice que el canon de estos últimos cinco años son 325.000 euros.

Todos los análisis realizados en 2019 y 2020 tanto por la Intervención como la Secretaría municipal advierten de que en la aprobación de la prórroga debe primar el interés público ante la pérdida de ingresos por las discrepancias sobre el canon, por lo que exigen “un especial cuidado a la hora de justificar y valorar de forma suficiente la conveniencia” de mantener el contrato a la concesionaria.

En el análisis realizado en el pleno por el concejal del PP sobre los informes que la empresa ha entregado a la mesa de seguimiento de la prestación del servicio, Guzmán destacó que Aquona expone sus quejas por el cambio de criterio de la Intervención municipal, argumentando que “no se les informa y por lo tanto se sienten indefensos ante la interpretación municipal. Eso no es verdad”, puso de relieve el portavoz económico popular, “la empresa ha estado en todo momento informada desde el año 2015 que presentó su primera propuesta de ingreso del canon” hasta la actualidad, y además el Ayuntamiento le ha informado por qué rechaza la interpretación del pliego de condiciones económicas. “Por lo tanto -concluyó Guzmán- lo que dice la Intervención para nosotros debe de ser lo prioritario, debemos defender a nuestro departamento económico”, argumento en el que los populares coinciden con PSOE e IU.

El concejal de Hacienda, José María Jáñez (IU), anunció que de no llegar a un acuerdo “habrá que acudir a otras fórmulas y soluciones más drásticas”, pero indicó que si están dispuestos a prorrogar el contrato es porque “estamos convencidos de que va a haber acuerdo”. El PP urgió a resolver las discrepancias, incluso, en los tribunales si en tres meses no se alcanza un acuerdo, una posibilidad en la que no estuvieron de acuerdo los socios de Gobierno. Jáñez manifestó que “si optáramos por la vía judicial entraríamos en un callejón sin salida y se nos ofrece una solución práctica que es el marco legal”, mientras el alcalde, Juan José Alonso Perandones (PSOE), afirmó que “no se nos puede pedir solucionar en tres meses lo que no se ha resuelto en pasadas legislaturas. La Intervención ha abierto una puerta de negociación y el ayuntamiento no va a perder derechos”.

Finalmente, el compromiso del Gobierno municipal de alcanzar un acuerdo con Aquona sin necesidad de llegar a los tribunales, concitó la unanimidad para aprobar la prórroga del contrato.

Comisión para la municipalización del servicio de limpieza y recogida de residuos

En cambio, la unanimidad entre los grupos no se pudo alcanzar en la propuesta para la constitución de la comisión que estudiará la fórmula pública o privada de gestión del servicio de limpieza y recogida de basura. La conclusión que alcance este análisis es un trámite legal obligatorio para dar un paso de la importancia que tiene la gestión del contrato de mayor cuantía económica del Ayuntamiento y que lleva prestándose de manera alegal desde hace ocho cuando concluyó el contrato.

La comisión que se encargará de valorar la conclusión final estará presidida por José María Jáñez (IU), como teniente alcalde, y formarán parte de ella las concejalas de Medio Ambiente, Nuria Bautista (IU), y de Régimen Interno, Ángeles Rubio (PSOE), además de dos técnicos, uno de la oficina técnica municipal y otro del área de Medio Ambiente de la Diputación.

La propuesta incluida en el orden del día del pleno concretaba que en la comisión participen un concejal del PP y la única representante de UPL, ambos tendrán acceso a toda la información y podrán dar su opinión que no será vinculante, de manera que tendrán voz pero no voto. El PP, finalmente, se abstuvo a pesar de que el concejal Pepe Guzmán tachó la propuesta de “tomadura de pelo”, al tiempo que anunciaba el voto en contra.

El pleno resolvió por unanimidad el resto de puntos del orden del día sobre la prórroga de la ORA a la empresa Dornier por un año o la moción en apoyo de las escuelas infantiles.

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