La acusación popular recurre el auto que acota al PP de Salamanca la investigación sobre financiación ilegal en las primarias

Alfonso Fernández Mañueco votando en la sede de Salamanca para elegirse presidente del PP de Castilla y León. Foto: David Arranz / ICAL

Laura Cornejo / eldiario.es/cyl

La acusación en el caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca, Foro Izquierda- Los Verdes, ha recurrido el auto del juez que instruye el caso y que rechazaba pruebas y testificales que trascendiesen al ámbito provincial, según informa eldiario.es/cyl. En su recurso de reforma recuerdan que el PP conformó una “estructura de organización criminal para delinquir” y se refiere a los papeles de Bárcenas y Gürtel. “Tenemos que tener en cuenta que la acusación que estamos formulando en las presentes diligencias no es ni mucho menos producto de la casualidad, sino porque al PP ya le llueve sobre mojado”, indican. Para ello se refieren a “múltiples causas judiciales” contra el partido en la que subyace la “figura típica de la financiación ilegal” con más de 1.000 imputados. Además de insistir en la práctica de todas las diligencias y testificales solicitadas -las de todos los gerentes del PP de Castilla y León entre otras- anuncia la intención de interponer una querella en la Audiencia Nacional o en la Fiscalía Anticorrupción.

Se basa en la información obtenida de la plataforma informática Lanza, que usan todas las sedes del PP para gestionar las cuotas de los afiliados. En la documentación que tiene la acusación puede verse como pocos días antes de las primarias se produjeron ingresos de morosos, todos seguidos, que llevaban años sin pagar. Según el Partido Popular los pagos no fueron más que donaciones de cargos del partido.

La acusación arremete además contra uno de los primeros testigos en declarar ante el juez. “La declaración de César Gómez-Barthe -presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca-, a falta de pruebas documentales de contraste, incita a los demás testigos a declarar en falso como él”, dice el escrito. Gómez-Barthe, al que la acusación apunta como uno de los conseguidores provinciales para pagar cuotas de morosos y que estos pudiesen votar a favor de Fernández Mañueco en las primarias, negó ser su asesor personal durante su etapa como alcalde de Salamanca y dijo que desconocía a cuánto ascendían las cuotas que se pagaban en la agrupación que preside.

Testifical “descaradamente falsa”

“Bien claro es que a la vista de nuestro escrito de pruebas, no le quede otra que ofrecer una testifical abierta y descaradamente falsa, que las cuotas de los afiliados de NNGG en Salamanca nada tienen que ver con las cuotas que ingresaron a los afiliados morosos pertenecientes a la misma, con cargo al dinero B; negativa a declarar la verdad revelando un dato tan básico y elemental tiene la fácil explicación de que con la cuota que pagaban en 2017 los afiliados a NNGG de ninguna manera salen las cuentas de los ingresos que hicieron al financiar las cuotas de los afiliados morosos, que resultan de los extractos bancarios, que el Sr. Instructor por ahora no le interesa conocer, por afectar a la intimidad de los mismos. Esa es la cuestión, la obtención de pruebas de la comisión delictiva infringen la intimidad?”, cuestiona la acusación.

También pone de manifiesto que dijese desconocer la cuenta donde se ingresaban las cuotas de los afiliados y el problema de morosidad que existía en 2017 con unas primarias a punto de celebrarse. El letrado de la acusación reconoce que el análisis de la testifical de Gómez-Barthe nada que tiene que ver con las pruebas denegadas, pero que pretende demostrar que el “testimonio falso” es un “reclamo” para el resto de testigos citados. “Estamos seguros de que Gómez-Barthe no hubiera mentido de forma tan descarada de saber que judicialmente se iban a traer los extractos bancarios a las actuaciones”, afirma.

Para el abogado, las pruebas solicitadas son “absolutamente necesarias y pertinentes” y en este sentido entiende que “se está omitiendo de forma constante” que no se trata de un problema “local” de Salamanca “sino de un delito de financiación de unas primarias del PP que se produjo en todas y en cada una de las provincias de Castilla y León”.

Veto a los extractos de las cuentas

Así, califica como “incomprensible e injustificable” que judicialmente “se vete el acceso” a los extractos de las cuentas bancarias destinadas en exclusiva a los ingresos de cuotas de los afiliados “porque es en ellas es donde se acredita documentalmente y de forma fehaciente la comisión delictiva”. Añade, entre otras cosas que “absolutamente todos los días” juzgados y tribunales incluyen en sus actuaciones “miles de extractos de cuentas bancarias de ciudadanos”. “Qué casualidad que el PP, precisamente el PP, goce del privilegio del que no gozan la mayoría de los ciudadanos en los procedimientos judiciales a que se ven sometidos, pese a no contar con los antecedentes antedichos en sede judicial y parlamentaria con que cuenta el PP”, lamenta. Insiste, por tanto, en que los extractos de las cuentas bancarias especificas exigidas por la Ley para hacer los ingresos de las cuotas de los afiliados, es una prueba necesaria en esta clase de delitos que en absoluto infringe la intimidad del PP“.

Apunta la acusación que “una de las exigencias que necesariamente habrán de observarse para que una intromisión en la intimidad protegida sea susceptible de reputarse como legítima es que persiga un fin constitucionalmente legítimo, o, lo que es igual, que tenga justificación en otro derecho”. Por ello, se refiere a la indagación de las aportaciones de cuotas de afiliados morosos, que se produjeron “en masa”, “atendiendo a la misma llamada”, en fechas del 13 al 17 de marzo de 2017, “seguidas unos de otros en procesionaria, poniendo todos ellos em mismo concepto” y cometiendo los mismos errores -según quien les hubiese captado el voto, 155 euros si era a favor de Fernández Mañueco y 124 si era para el otro candidato, Antonio Silván- en la misma oficina bancaria y con el mismo concepto de ingreso“.

Película de Fellini

A juicio de Foro Izquierda-Los Verdes, las colas de morosos obedeciendo al efecto llamada “sólo puede verse en una película de de Federico Fellini, o de Luis García Berlanga o en las primarias a la presidencia del PP en Castilla y León” y más “no querer el Juzgado traer a las actuaciones los extractos bancarios y las demás pruebas” para que los testigos responsables “expliquen tan magnífica forma de conseguir que tantos afiliados desaparecidos aparezcan todos los a la vez en la misma entidad bancaria”, lo que “puede ser cualquier cosa menos violación de la intimidad del PP a nivel de Castilla y León”.

Respecto de las pruebas denegadas con fundamento de que se trata de prueba documentales, cargos o militantes ajenos a Salamanca, argumenta que “a estas alturas no puede desconocerse que el delito de financiación ilegal se ha cometido en todas y en cada una de las nueve provincias de Castilla y León” y que por ello una vez que se practiquen las pruebas necesarias, el juzgado tienen que inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. “Sean finalmente la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo el Órgano judicial competente, lo cierto es que el Juez de Instrucción no puede hacer dejación de la práctica de diligencias de prueba a la vista de las pruebas, más que indicios, que se le presentan por el hecho de que personas afectadas sean de otras provincias, ya que lo procesalmente correcto es práctica dichas pruebas mínimas y una vez su resultado inhibirse a favor de aquellos”, solicita.

Por último, además de reiterar la práctica de testificales y documentales rechazadas por el juez, pide que “al exceder la investigación judicial el ámbito territorial que corresponde al juzgado se solicita testimonio del Auto de 26/06/2020, del escrito de alegaciones de 02/07/20 y documentos presentados con el mismo, así como del Auto de 29/07/20 y de este escrito de recurso contra el mismo, para presentar querella criminal o denuncia en la Audiencia Nacional, o, en su caso, denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ambos con sede en Madrid.

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