San Andrés autoriza el inicio de las obras del nuevo Lidl, que cuenta con presupuesto próximo a los 2 millones

Rotonda del lidel, en San Andrés del Rabanedo.

Ical

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha aprobado el proyecto de ejecución para la construcción de un nuevo supermercado Lidl en el número 1 de la calle Antonio Vázquez Fernández de Trobajo del Camino.

De esta forma, ha dado luz verde al inicio de las obras, que supondrán la demolición de la actual superficie comercial para levantar un nuevo edificio en el mismo emplazamiento; una parcela de 5.800 m2 del denominado Sector A-1 ubicada en las inmediaciones de la avenida Párroco Pablo Díez.

Con un presupuesto próximo a los 2 millones de euros, el proyecto permitirá a la cadena de origen alemán contar con una nueva edificación de dos plantas, con aparcamiento tanto interior como exterior y un diseño acorde a la imagen recientemente aplicada en sus nuevos centros.

Así, la planta baja albergará el aparcamiento vinculado con la actividad de la planta primera y conectará también con el aparcamiento exterior, en el que se reservarán plazas para vehículos de dos ruedas, además de un espacio para bicicletas.

Los trabajos comenzarán tras el derribo de las actuales instalaciones, para los que la Junta de Gobierno local ya concedió la licencia de obra mayor en el mes de abril.

El visto bueno que permitirá la ejecución de las obras llega después de que el arquitecto municipal emitiese informe favorable en cuanto a la conformidad de la documentación técnica aportada, teniendo en cuenta la normativa urbanística y el resto de normas aplicables.

Además, en la autorización se contempla una garantía de 5.300 euros para asegurar la correcta gestión de residuos generados durante la construcción, teniendo en cuenta el programa de gestión medioambiental al que obliga la legislación actualmente en vigor.

Del mismo modo, se establece la obligatoriedad de constituir otro aval de 56.698 euros a fin de garantizar el reintegro de los gastos de la eventual reposición de los servicios urbanísticos que pudieran resultar afectados.

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